La cúpula empresarial de Panamá expresó ayer su preocupación por los efectos en la economía que puede tener el escándalo Waked, en el que está implicada una poderosa familia colombo-panameña de comerciantes a la que EEUU acusa de supuesto blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas.
'Si bien la naturaleza de los hechos y la premura son limitantes para presentar una opinión y especular sobre su incidencia, es inevitable abordar los señalamientos a miembros de dos grupos familiares de empresas que han conmocionado a nuestro país desde el pasado jueves', reconoce la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Los empresarios panameños esperan que 'el sistema judicial panameño se eleve a la altura de las circunstancias y emprenda las investigaciones necesarias, con prontitud, pero en estricto apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia' sobre las acusaciones contra Abdul Waked, su sobrino Nidal Waked, detenido en Colombia, y otros seis socios de sus empresas.
'Al igual que a muchos panameños, a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá nos preocupa los miles de empleos que generan las empresas relacionadas a los ciudadanos señalados y apelamos a que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mitigue la incertidumbre que ocasiona una situación como esta', exclaman.
Uno de los implicados, empresario, nacido en Barranquilla y afincado en Panamá, es señalado como 'líder' de una red con sede en ese país junto a su tío Abdul Waked.
La captura del empresario barranquillero Nidal Waked Hatum, de 44 años, socio del Grupo empresarial Wisa que tiene en La Riviera su marca más reconocida en el mundo, causó un sismo económico en Panamá y gran parte de Latinoamérica donde tiene presencia, incluyendo a Colombia.
La CCIAP insta a que 'aprovechemos la oportunidad que nos presenta esta situación para evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de servicios y revisar la modificación a la Ley que regula la contratación pública, que, pese al amplio debate, aún envía mensajes incongruentes en materia de transparencia y certeza del castigo, en contraste con la intención del país de demostrar que estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad'.
Además, solicita 'al Gobierno Nacional a que lidere una transformación genuina de la administración de justicia, dotándole de mayores recursos financieros y profesionales para que el sistema pueda actuar en derecho en beneficio de todos'.
Por su parte, Jorge García Icaza, presidente de la CCIAP, en el programa Radar del canal TVN-2 de la televisión local, no descartó que pueda existir cierta repercusión en el crecimiento que ha sostenido Panamá durante los últimos años.
'Es muy prematuro en este momento poder decir cuál es el impacto, vamos a tener que esperar un poco, porque no quisiera crear una percepción de que es una crisis. Panamá tiene una economía aún creciendo a un 6 %, probablemente se afecte en algo', acotó.
