Un total de 22 civiles fueron ejecutados por la Policía Federal en un operativo realizado el 22 de mayo de 2015 en un rancho del municipio de Tanhuato, en el oeste de México, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En una rueda de prensa sobre el resultado de la investigación del operativo realizado en el rancho del Sol, en el estado de Michoacán, en el que murieron 43 personas en total, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal.
Entre ellas, 'violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles', así como torturas, trato inhumano y degradante a detenidos.
La Comisión añadió que otras cuatro personas fueron privadas de la vida por el 'uso excesivo de la fuerza'; una que recibió un disparo por parte del helicóptero que llegó al lugar como refuerzo; dos que se encontraban escondidas detrás de unas palmeras y otra más que falleció en el incendio que se produjo al interior de una bodega.
Respecto a 15 cadáveres con señales de arma de fuego, la CNDH 'no puedo establecer técnicamente las circunstancias del deceso y el grado de participación en el enfrentamiento armado'.
El recuento de víctimas mortales lo completan un policía federal y otro civil que muestra signos de haber sufrido un atropellamiento.
La CNDH denunció la 'manipulación del lugar de los hechos en cuanto al movimiento de siete cadáveres, de las armas relacionadas con los mismos, la colocación deliberada de armas de fuego que se asociaron con 16 cadáveres y la sustitución de otras'.
González Pérez, quien describió el caso como 'uno de los más sensibles' que ha investigado la CNDH, indicó que los agentes federales también falsearon la información sobre las circunstancias en que se desarrolló el operativo.
En cuanto a las irregularidades cometidas por los agentes de la Fiscalía de Michoacán, la CNDH mencionó que hubo errores en el protocolo de la ubicación de las víctimas en el lugar de los hechos y de los indicios balísticos, entre otros aspectos.
Además, se dieron irregularidades en 42 de las necropsias practicadas a los cadáveres de las víctimas, así como en el reconocimiento y la entrega de cuerpos de los fallecidos a los familiares.
Gobierno niega acusaciones. El Gobierno mexicano negó las ejecuciones extrajudiciales, al asegurar que hubo un 'uso racional' de la fuerza por parte de la Policía Federal.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aseguró que en este caso no se configura 'la hipótesis de ejecuciones arbitrarias', como sostiene esta institución.
'El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa', afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y 'la respuesta fue con disparos de arma de fuego'.
