El nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, goza desde hoy de total inmunidad ante las investigaciones de corrupción del caso Petrobras, puesto que la Constitución blinda a los jefes de Estado.
Temer oficialmente no es investigado en el marco de la macrocausa de corrupción, pero ha sido citado por varios reos que se han acogido a acuerdos de colaboración con la Justicia, por supuestamente haber pedido donaciones ilegales para financiar campañas electorales.
Sin embargo, aunque surgieran pruebas concretas sobre este caso o que lo implicaran en cualquier otro ilícito ocurrido hasta este martes, la Policía no podría mover un dedo.
La Constitución brasileña, en su artículo 86, establece que 'el presidente de la República, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones'.
Aunque Temer se pueda librar de las investigaciones, su entorno sí continúa en la mira de la Justicia.
En las tres primeras semanas en las que estuvo en el poder de forma interina, el pasado mayo, tres ministros de Temer tuvieron que renunciar por la difusión de grabaciones comprometedoras que los relacionaban, de diferente forma, en el caso Petrobras.
En una de esas grabaciones polémicas, Romero Jucá, que ocupaba el ministerio de Planificación y es un estrecho colaborador de Temer, sugería que si Rousseff era destituida, se podría 'frenar' el caso Petrobras y 'estancar la sangría' de investigaciones a políticos corruptos.
En ese mismo audio, por el que dimitió Jucá, un delator citó a Temer y lo acusó de haber pedido 'dinero negro' a constructoras implicadas en el caso Petrobras para financiar campañas electorales del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), algo que el mandatario ha negado de forma tajante.
La ventaja que supone la investidura para el entorno de Temer es que, al asumir cargos de alto nivel, como ministerios, se convierten en aforados y sólo pueden ser juzgados en el Tribunal Supremo, que está siendo mucho más lento en las investigaciones que la justicia ordinaria.
El caso Petrobras se refiere a la creación de un cartel de constructoras que, con el amparo de políticos, se repartieron durante al menos una década los contratos y licitaciones de la petrolera estatal.
Los pingües beneficios, que costaron miles de millones de dólares a las arcas públicas, llenaron los bolsillos de los directivos de las constructoras y de Petrobras, además de los decenas de diputados, senadores y ministros que permitieron el fraude.
A lo largo de dos años de investigaciones, 226 personas han sido imputadas por corrupción en los tribunales convencionales y 21 de ellas han sido condenadas, entre ellas varios directores de importantes constructoras y un extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En el ámbito del Tribunal Supremo, en el que se investiga sólo a políticos aforados, hay 364 investigados, aunque sólo se han abierto causas formales contra 45 de ellos y todavía no hay ningún condenado.
