La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este viernes sorpresivamente una 'ruptura del orden constitucional' en su país, tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.
'En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional', señaló Ortega, muy cercana al chavismo, durante un acto público.
Esta posición se conoce en medio de la marcha convocada este viernes para rechazar la decisión de la máxima corte de asumir las competencias del Parlamento de mayoría opositora. Dos estudiantes universitarios habrían sido detenidos durante la protesta realizada frente a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para manifestar su
Los estudiantes se movilizaron esta mañana al Supremo pero fueron repelidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que habrían detenido a dos de los jóvenes.
'Hoy tenemos 2 estudiantes detenidos ¡Seguimos acá señores hoy #VzlaRepudiaLaDictadura!', indicó la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) Rafaela Requesens en cuenta de Twitter.
'Desde el TSJ la UCV defiende sus derechos', agregó la estudiante.
Periodista denuncia agresión
Desde Caracas se informó además que la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada) agredió a a la corresponsal de Radio Caracol Colombia en Caracas, Elyangélica González, a la que golpearon y destruyeron teléfonos celulares, narró la comunicadora en medio de lágrimas.
La periodista, con más de 18 años de experiencia, fue víctima del ataque cuando estaba en el Tribunal Supremo de Justicia y narraba la situación que se vivía en el lugar luego de que ese organismo asumiera las competencias del Parlamento Venezolano.
'La cogieron diez guardias, de la Guardia Nacional, diez a falta de uno y la golpearon', dijo el director de sistema informativo de Caracol Radio Darío Arizmendi.
La agresión se presentó cuando la periodista daba, en vivo, su reporte, de la situación que se registra en Venezuela.
La comunicadora agregó que estaba 'arañada, con cabellos en la mano, estoy rasguñada por todas partes, golpeada y muy triste. Eso es una vergüenza'.
'Me trataron como a una delincuente', añadió González quien explicó que en medio de la situación 'les gritaba lo que yo les podía gritar, que yo era periodista, que estaba haciendo mi trabajo'.
Consejo permanente de OEA
Mientras tanto, el jefe de la OEA, Luis Almagro, solicitó formalmente al Consejo Permanente convocar una reunión urgente para evaluar la crisis política en Venezuela, evocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
En una nota colocada en el sitio web de la Organización de Estados Americanos, Almagro dijo que ese artículo de la Carta le atribuye solicitar la sesión del cuerpo de los 34 países miembros activos para 'realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente' en el caso venezolano.
El diplomático presentó la solicitud al embajador de Belice, Patrick Andrews, quien preside el Consejo Permanente hasta este viernes, antes de traspasar la dirección a Bolivia.
El catalizador de la solicitud es la decisión del máximo tribunal de justicia venezolano de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de mayoría opositora y retirar la inmunidad a los parlamentarios, y que Almagro denunció el jueves como un 'auto golpe de Estado'.
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Los dictámenes del Tribunal Supremo constituyen 'los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia', señaló Luis Almagro, quien ya había advertido de un desandar antidemocrático en dos informes, en mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú y México encabezaron las críticas continentales a la decisión del tribunal venezolano.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada por el consenso de la OEA en 2001, establece en su artículo 20 que el Secretario General o un gobierno pueden convocar la sesión del Consejo Permanente en caso de 'una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático' en un Estado miembro.
