Los familiares de los 16 menores venezolanos deportados de Trinidad y Tobago que permanecieron casi dos días perdidos en el mar y que volvieron finalmente al país caribeño permanecen este viernes a la espera de la decisión de las autoridades locales sobre el futuro de los niños.
Familiares de los niños permanecen junto al centro situado cerca de la localidad de Erin a la espera del pronunciamiento de las autoridades de Trinidad y Tobago, según informan medios locales.
La espera de los familiares es cada vez más angustiosa, mientras Amnistía Internacional (AI) envió el jueves una carta al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en la que le insta a proteger los derechos de los menores.
La prensa del país caribeño relata cómo familiares de los niños, frustrados por la angustiosa situación, se concentran junto al centro de detención con suministros, comida y medicinas para los menores.
La última información disponible indicaba que los menores iban a ser transportados al helipuerto de Chaguaramas para pasar una cuarentena de dos semanas, después de que la jueza Avason Quinlan-Williams ordenara durante una sesión de emergencia del Tribunal Superior detener una segunda deportación.
Quinlan-Williams también ordenó que el grupo permanezca en cuarentena durante 14 días antes de ser puestos en libertad.
Medios locales detallan que una mujer y sus dos hijos pequeños habrían sido trasladados del centro de Erin a Chaguaramas.
Uno de los niños, de cuatro años, supuestamente sufriría una enfermedad cardíaca, por lo que se le habría permitido abandonar el centro junto a su madre y el otro menor.
Arrestados la pasada semana
Los medios de Trinidad y Tobago indican que cerca de una treintena de personas, incluidos 16 niños, el más joven un bebé de cuatro meses, fueron arrestados en la localidad de Chatham, en Trinidad, la semana pasada, y detenidos en una estación de la Policía.
Representantes legales de los menores habrían presentado un recurso, pero fueron deportados del puerto de Cedros el domingo por la mañana antes de que se atendiera el asunto en los tribunales.
El grupo de venezolanos regresó a Trinidad y Tobago en una embarcación a Erin en condiciones deterioradas.
Las redes sociales divulgaron imágenes de los menores y otros adultos, algunos tirados en el suelo, lo que levantó fuertes críticas contra las autoridades de Trinidad y Tobago.
Los testimonios que recogen medios del país caribeño hablan de casos de familiares acampados junto a la estación de Policía de Erin que se acercaban al lugar con víveres para sus familiares.
Los relatos de los venezolanos señalan que la Policía local no ofreció ninguna información sobre la situación de los detenidos.
En un comunicado, el fiscal general de Trinidad y Tobago, Faris Al-Rawi, matizó que cualquier orden de deportación que pueda ser emitida será suspendida y no ejecutada en espera de la consiguiente determinación judicial.
Dijo que el único caso tratado hasta el momento fue el de un niño de cuatro años con una afección cardíaca, que se determinó que se sometiera a una cuarentena obligatoria bajo el cuidado de su madre.
Lograron impedir una segunda deportación
Los abogados que representan a los venezolanos contra el Estado de Trinidad y Tobago lograron impedir a última hora del miércoles que se repatriara por una segunda vez al grupo.
El grupo, entre los que se encuentra un bebé de 4 meses, había sido expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo pasado, horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su permanencia en la isla.
Tras estropearse el motor de la embarcación y estar dos días sin saber de su paradero, la Justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país.
En el ámbito político, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó el jueves que el primer ministro de Trinidad y Tobago denunciara la utilización política opositora de los 16 menores venezolanos que fueron deportados de ese país, al tiempo que lo culpó de tener una 'política xenófoba oficial'.
Analistas locales han indicado que el principal problema para solucionar el caso es el obstáculo de que no exista en Trinidad Y Tobago legislación sobre casos de refugiados.
