La muerte de 28 venezolanos en un naufragio cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago, una cifra que fue actualizada este jueves, ha sacado a la luz una de las rutas de migración más desconocidas y duras, mientras se multiplican las denuncias contra los dos países.
El naufragio se produjo este sábado, aunque las primeras noticias, todavía confusas, comenzaron a llegar en la madrugada del domingo a través de las denuncias del político opositor David Smolansky, nombrado comisionado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Posteriormente, las autoridades comenzaron a informar acerca del caso y, este mismo jueves, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que la cifra de muertos 'ha llegado, en este momento, a 28 en total, de los cuales 26 están ya identificados y dos están por identificar'.
Saab también explicó que están investigando el caso como un delito de trata de personas en una ruta marítima, la que une las costas de Venezuela con Trinidad y Tobago, que está 'tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas'.
Una de las regiones más pobres
Los venezolanos que fallecieron viajaban en una frágil embarcación destapada, denominada peñero y usada frecuentemente para labores de pesca cercanas a la costa, que había zarpado del estado Sucre, uno de los más pobres de Venezuela.
Sucre conforma un golfo, el de Paria, junto a los estados Monagas y Delta Amacuro. Apenas a unos kilómetros se encuentra la isla de Trinidad, un trayecto corto pero que incluye el paso por los estrechos de Bocas del Dragón que entrañan riesgos para las frágiles embarcaciones.
En su comparecencia de este jueves, Saab señaló que además del propietario de la embarcación y el dueño de la finca desde donde partió el peñero, ambos ya detenidos, las autoridades están tras la pista de otros cuatro civiles 'quienes se encuentran vinculados directamente al caso de acuerdo a las pesquisas realizadas hasta el momento'.
También, siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía militarizada adscrita a la Fuerza Armada, están señalados por este caso, por lo que solicitarán órdenes de aprehensión en su contra.
Estos agentes, según las averiguaciones de la Fiscalía, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y para no reportar este hecho ante la Fiscalía, le cobraron 4.500 dólares.
