Un juez federal en Texas bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de cien días.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la pasada semana al considerar que la nueva Administración actuó de forma arbitraria al no consultar la orden ejecutiva previamente con el estado.
El magistrado Drew B. Tipton del Tribunal de Distrito Sur de Texas detuvo la implementación a nivel nacional de la orden dada por Biden el mismo día que asumió el poder, el pasado 20 de enero.
'Prohíbo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero titulado 'Pausa Inmediata de Cien Días de Expulsiones'', dice la orden dada este martes.
En su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó una serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria y una de las cuales era esta moratoria en las deportaciones 'de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada' para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz.
El juez Drew B. Tipton ya había pedido este lunes al Gobierno información sobre cuántos inmigrantes habían sido puestos en libertad como consecuencia de esta suspensión de las deportaciones.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Paxton celebró la victoria, resaltando que 'Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la Administración de Biden. Y GANAMOS'.
Paxton, conocido por retar varias veces los programas de inmigración de los demócratas e impulsar una petición para que el Tribunal Supremo impidiera la certificación de la victoria electoral de Biden, se congratuló del fallo judicial: 'Dentro de los 6 días posteriores a la toma de posesión de Biden, Texas DETUVO su congelación de deportación'
'Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos', concluyó.
Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus argumentos.
'La acción del Gobierno viola la Constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)', por el cual el Gobierno debía exponer sus planes al estado, señalaba la demanda ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas.
La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había presentado un escrito a favor de la medida tomada por el Gobierno Biden, pidiendo al tribunal que rechazara la solicitud.
'No se debe permitir que continúe esta demanda', dijo Kate Huddleston, abogada de la ACLU de Texas.
La ACLU argumentó que el estado de Texas no había probado un daño irreparable, un requisito para su solicitud de una orden de restricción temporal para bloquear la orden ejecutiva del presidente, y que la demanda no tiene fundamento.
'La pausa de la Administración sobre las deportaciones no solo es legal sino necesaria para garantizar que las familias no sean separadas y que las personas no vuelvan al peligro innecesariamente mientras la nueva Administración revisa las acciones pasadas', insistió Huddleston.
