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El pleno del tribunal federal australiano confirmó este viernes un fallo que ordenó una indemnización millonaria a un grupo de mujeres que fueron víctimas de los efectos secundarios de un implante vaginal distribuido por la multinacional Johnson & Johnson y su filial Ethicon.

En marzo de 2020, la juez Anna Katzman, del Tribunal Federal, había ordenado que la multinacional pagara 2,6 millones de dólares australianos (2 millones de dólares o 1,7 millones de euros) en indemnizaciones por daños y perjuicios a Kathryn Gill, Diane Dawsony Ann Sanders, quienes lideraron una demanda colectiva a la que se han unido 10.000 mujeres.

'No se ha demostrado ningún error en el ejercicio de la facultad discrecional de la juez de primera instancia para ordenar el requerimiento', añade el fallo publicado este viernes en el portal judicial.

Además, en noviembre de 2019, el tribunal federal calificó en una sentencia el comportamiento de la multinacional y Ethicon como 'negligente', al asegurar que 'los riesgos eran conocidos, (y) no eran insignificantes', en un caso que representa la mayor demanda colectiva en el sector de la salud.

Las mujeres reclamaron que los implantes vaginales, una malla que se coloca mediante una intervención quirúrgica para resolver daños en el suelo pélvico causados por el parto, les ha provocado problemas de incontinencia urinaria, dolor severo crónico o relaciones sexuales dolorosas.

'Yo pasé de ser una enfermera que ayudaba a la gente a una paciente a la que nadie puede ayudar', dijo Peta Bennet, una de las mujeres afectadas por este dispositivo que se le implantó en 2004 en un comunicado de la firma de abogados Shine, a cargo de la demanda colectiva.

Bennet relató que sufre de incontinencia y prolapso, daños en los órganos pélvicos, nervios y tejidos, además de tener un ataque cardíaco y problemas físicos y mentales que han afectado a su vida y han acabado en la disolución de su matrimonio.

Por su lado, Shine indicó en el comunicado que el caso se cerrará cuando Johnson & Johnson acuerde y pague las indemnizaciones para las miles de mujeres que comenzaron esta batalla legal en 2012.

En 2018, el ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, pidió disculpas en nombre del país a las afectadas por los efectos derivados de los implantes vaginales y anunció un paquete de medidas para resarcir a las víctimas.