Así lo sostiene el plan estratégico 'Migración desde Venezuela: Oportunidades para América Latina y el Caribe. Estrategia Regional de integración socioeconómica', elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y presentado este miércoles por videoconferencia.
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'Es una hoja de ruta de cómo ofrecer caminos para la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos y para que haya un mejor aprovechamiento de esta mano de obra y que ellos puedan satisfacerse en los lugares de acogida', resumió el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Vinicius Pinheiro.
'Es muy importante que la decisión de buscar oportunidades en un espacio geográfico distinto no se convierta en una restricción sino en una ampliación de sus posibilidades de desarrollo humano', afirmó por su parte el director del PNUD para la región, Luis Felipe López Calva, quien destacó la importancia de que los países receptores reconozcan las credenciales de los refugiados venezolanos.
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En ese sentido, Pinheiro reveló que, durante la pandemia, apenas el 15 % de médicos venezolanos que salieron de su país lograron trabajar en el área de la salud. 'Esto es un escándalo', se lamentó.
A fin de poner en marcha este plan estratégico, el PNUD y la OIT destinaron fondos iniciales para desarrollar dos iniciativas piloto, una en Colombia y otra en Guyana.
Caso Colombia
Por ser el primer país de destino para los refugiados venezolanos, Colombia está 'al frente de todo este proceso' de integración socioeconómica de los refugiados venezolanos, subrayó Pinheiro.
'Nuestra contribución con el proyecto piloto es apoyar al Gobierno colombiano con iniciativas de empleo y políticas de integración social, especialmente en el acceso a la protección social', detalló.
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El Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República de Colombia, Lucas Gómez, aseveró que, como 'la migración venezolana tiene vocación permanente, no existe alternativa diferente a la integración socioeconómica'.
'Nos sentimos muy honrados de ser parte de ese primer capítulo', sobre todo en esa 'coyuntura extraordinaria', dijo en referencia al decreto firmado el pasado 1 de marzo por el presidente colombiano, Iván Duque, que crea el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos.
Caso Guyana
En Guyana, según explicó Calva, los objetivos del proyecto piloto incluyen la identificación de las 'rutas y barreras existentes' para la inclusión laboral de los migrantes, así como la realización de un diagnóstico de oportunidades en el mercado laboral y de emprendimiento, con base a las competencias de las personas refugiadas que llegan en este país.
El ministro de Trabajo de Guyana, Hon Joseph Hamilton, sostuvo que la participación en ese proyecto piloto es una 'obligación' para su país, cuya población también ha vivido durante décadas éxodos constantes.
'Toda la gente de Guyana vemos esto como una obligación porque todos hemos tenido un pariente viviendo en otro país como migrante, incluyendo Venezuela', relató.
Hamilton precisó que, entre los refugiados que están entrando en Guyana, figuran venezolanos, pero también guyanos que emigraron a Venezuela y los hijos de éstos.
'Debemos poner atención a los tres subsectores para asegurarnos que los migrantes sean bienvenidos, que sus condiciones sociales no se deterioren, que tengan acceso a educación y salud' y 'que puedan potenciar sus habilidades y obtener sus certificados correspondientes', apuntó.
Beneficios económicos
El jefe de la unidad de migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Felipe Muñoz, destacó la contribución de la comunidad migrante venezolana en la economía de la región, a pesar de que 'en el corto plazo hay unas presiones fiscales importantes'.
Señaló que varios estudios internacionales estiman que, 'una vez que la población migrante esté realmente integrada' en América Latina y el Caribe, su aporte podría rondar el 0,20 % o el 0,30 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, un porcentaje que ascendería hasta el 0,38 % en países como Chile y Ecuador.
En Perú, un informe reciente apunta que los refugiados venezolanos podrían generar hasta 220 millones de soles de ingresos fiscales netos anuales (unos 59 millones de dólares).
Agencia Efe
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