Desde que Argentina se independizó de la Corona española en 1816, en el país no ha vuelto a mandar un rey: ahora, más de dos siglos después, un movimiento propone instaurar una monarquía constitucional parlamentaria que garantice la separación de poderes y ejerza como 'árbitro' de la gestión del Gobierno: el antídoto para acabar con la 'decadencia institucional'.
'El político siempre está pensando en la próxima elección y la mayor de las veces no le importa endeudar el país con tal de ganar. Entonces, el funcionario adecuado para ejercer el Estado, que es una institución de largo plazo, esencial y que además de él depende la Justicia, no es un político', cuenta a Efe Mario Santiago Carosini, líder del Movimiento Monárquico Argentino.
Según la Constitución, sancionada en 1853 y varias veces reformada, Argentina es una república federal en la que una misma persona ostenta las jefaturas de Estado y de Gobierno.
Y ese es para Carosini, contador público nacional de profesión, el 'error organizativo básico' republicano: 'Ahí nacen todos los problemas, el problema de la corrupción institucional. Nadie se controla a sí mismo y se institucionaliza el descontrol', recalca.
'El rey no tiene que tener poder para hacer cualquier cosa, tiene que ser un poder como tiene el rey de España o la reina de Inglaterra con sus matices, (como) en todos los esquemas constitucionales parlamentarios: el poder de defender a sus ciudadanos de las falsas promesas de sus políticos', agrega.
