El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores del país, una medida que deberá ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura por tratarse de una reforma constitucional.
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La decisión se tomó con 91 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones de los parlamentarios peruanos.
La propuesta legislativa modifica los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución peruana para establecer la reelección inmediata, por un solo período adicional, para alcaldes y gobernadores regionales.
En su artículo único, establece que el gobernador regional, vicegobernador, alcaldes y regidores, pueden ser reelegidos por un solo período adicional de manera inmediata y que 'los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley'.
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'Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular', indicó.
Al respecto, la legisladora izquierdista Sigrid Bazán alertó que en la norma se excluye a los movimientos regionales, de gran presencia en las diferentes jurisdicciones del país, de la posibilidad de participar en estos comicios.
Previamente, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, la fujimorista Martha Moyano, defendió que la reelección 'permitirá reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, convirtiéndose así en un incentivo para el buen gobierno'.
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Otros legisladores, como los derechistas Norma Yarrow y José Jerí coincidieron en que era necesario aprobar esa norma ya que, consideraron, los cuatro años que dura una gestión municipal o regional son muy cortos.
'Estadísticamente la reelección a nivel subnacional no pasa del 15 %, hay que dejar en claro que las autoridades mismas no se van a reelegir, pues es la población la que verá si los reeligen y deposita nuevamente su confianza en la autoridad', dijo Jerí.
Sin embargo, legisladores izquierdistas como Víctor Cutipa, Alex Flores, Óscar Zea, Pasión Dávila y Margot Palacios rechazaron la propuesta al considerar que se pueden incrementar los niveles de corrupción que ya se han denunciado entre las autoridades regionales y locales, varias de las cuales han sido procesadas y sentenciadas en los últimos años.
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Durante el debate de la norma se rechazó, con 83 votos en contra, una cuestión previa que planteó la congresista progresista Susel Paredes para que los proyectos retornen a la Comisión de Constitución y Reglamento para que se evalúe con precisión el retiro de la participación política de los movimientos regionales.
También se presentó una reconsideración a la votación final del dictamen, pero esta no procedió, ya que solo recibió 23 votos a favor.
