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Este sábado 8  de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó el ataque perpetrado en la localidad de Wad al Noura, en el estado de Al Jazira, Sudán; en el que se estima murieron al menos 100 personas, entre ellos, 35 niños.

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“Hacemos un llamado a todas las partes para detener la absurda violencia de la que están siendo víctimas personas inocentes”, indica la Cancillería.

“El gobierno colombiano y su política exterior, tienen como principio la promoción de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, reiteramos que los actores armados deben respetar los derechos humanos y acatar el derecho internacional humanitario para proteger la vida de los civiles”, agrega el Ministerio a través de un comunicado.

Asimismo, la Cancillería manifestó que Colombia continuará en la construcción de paz.  

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“Debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en la construcción de paz y reconciliación. Colombia le seguirá apostando a la Paz en todos los rincones del planeta”, puntualizó.

Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este viernes su consternación por la matanza de al menos cien personas en un ataque del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una aldea del centro de Sudán.

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'Estoy profundamente consternado, una vez más, por los informes de una brutal matanza de civiles en la aldea sudanesa de Wad Al Noura, en el estado de Al Jazirah', indicó Türk a través de un comunicado.

Según informes recibidos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los paramilitares habrían utilizado armas de amplio alcance durante el ataque, incluidos proyectiles de artillería, lo que suscita preguntas en torno a las formas y el origen del aprovisionamiento de armamento al grupo rebelde.

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El alto comisionado también indicó que estos homicidios apuntan a que se están violando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución por parte de los bandos combatientes en el conflicto sudanés.

En este sentido, instó a las partes a llevar a cabo una investigación independiente conforme a las obligaciones que les impone el derecho internacional para que los perpetradores de la matanza sean juzgados y sancionados.

El Ejército y las FAR están enfrentados en una guerra desde el 15 de abril de 2023 que se ha saldado al menos con 30.000 muertos, según el Sindicato de Médicos sudanés, y ha provocado que diez millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares.