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El médico pediatra detenido este jueves en Ecuador por presunta difusión de material de abuso sexual de niños ingresó en prisión preventiva por orden del juez a cargo de la audiencia de formulación de cargos contra el presunto pederasta, según informó la Fiscalía en un comunicado.

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La detención se realizó en Quito durante un allanamiento en la vivienda de Pablo Aníbal I. P., quien era investigado por las autoridades ecuatorianas desde marzo.

La Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) formuló cargos por comercialización de material de abuso sexual de niñas, niños o adolescentes. También inició una instrucción de noventa días.

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Bajo el pseudónimo en internet de 'ValePablo', el procesado habría almacenado 51 archivos multimedia en plataformas informáticas ancladas a sus dos números celulares, según detalló la Fiscalía.

El objetivo era transmitir e intercambiar material de abuso sexual infantil, con víctimas que —según la pericia antropológica realizada a las imágenes— tendrían edades de 8 a 12 años.

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La información recibida a través de una denuncia telefónica fue corroborada con una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) del Gobierno de los Estados Unidos.

Entonces, la investigación previa arrancó el 12 de marzo de 2024, con vigilancias, seguimientos, fijación, extracción y análisis del material de abuso sexual infantil alojado en las plataformas.

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La Policía Nacional de Ecuador detalló que el operativo se realizó en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la organización estadounidense OUR Rescue.

Entre los indicios recopilados durante el registro al domicilio hay cámaras de video, equipos informáticos y discos duros externos.

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Para el operativo, realizado en la noche del 10 de julio de 2024, la oficina de NCMEC trasladó desde Estados Unidos a un perro entrenado para olfatear aparatos digitales, como celulares y dispositivos de almacenamiento.

La comercialización de material de abuso sexual de niñas, niños o adolescentes tiene una pena en Ecuador de entre diez y trece años de cárcel.