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Dieciocho personas fueron detenidas este jueves durante un operativo policial contra una presunta red de narcotráfico que enviaba cocaína a México y España y que estaba ligada a la banda criminal Los Lobos y a los Comandos de la Frontera, una de las disidencias de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció la Policía Nacional ecuatoriana.

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El operativo se desarrolló con registros en inmuebles y propiedades situadas en cinco de las veinticuatro provincias que componen el territorio ecuatoriano, entre ellas la andina Pichincha (cuya capital es Quito) y las amazónicas Orellena y Sucumbíos, que se encuentra en la frontera con Colombia.

Los dieciocho detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y al menos cuatro de ellos cuentan con antedentes penales por tráfico y posesión de drogas, así como por delincuencia organizada.

Esta red de narcotráfico, que según la Policía ecuatoriana ha quedado desarticulada, estaba 'implicada en una serie de actividades ilícitas de alta gravedad, incluyendo secuestro, extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y tráfico de armas y de explosivos no autorizados'.

De acuerdo a la institución policial, la organización tenía nexos tanto con los Comandos de la Frontera como con la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, una de las más grandes del país, quien mantenía una alianza con la disidencia de las FARC para arrebatar a sus rivales de Los Choneros el control de la minería ilegal en la vecina provincia amazónica de Orellana.

Unido a ello, esta organización también controlaba varios laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína tanto en territorio colombiano como ecuatoriano, y posteriormente se encargaba de trasladar la droga en compartimentos ocultos de camiones de carga pesada a zonas de la costa del país para posteriormente enviarla a través de los puertos a México y España.

Así describió el funcionamiento de esta red criminal el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Freddy Sarzosa, durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, donde según el oficial esta red criminal tenía su sede.

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Entre los dieciocho detenidos figura Roberto Álvarez, al que Sarzosa identificó como el líder de la organización y el principal financista de los Comando de la Frontera, un grupo criminal que surgió a partir de la desmovilización del Frente 48 de las FARC.

'(Álvarez) ha constitudo un imperio económico a través del lavado de activos involucrando a sus hijos Carlos y Kerly Álvarez, hasta el punto de extenderse sus tentátculos en Ecuador y en España, reflejados en propiedades y vehículos de alta gama', dijo Sarzosa.

También fue capturado Juan Carlos Chulca ('Chavalo'), al que la Policía ecuatoriana identifica como el líder operacional de esta red y el principal nexo con los Comandos de la Frontera, al estar a cargo de la fabricación de la droga y su posterior acopio y envío a México y España.

Otro detenido es Aldair Orellana, la persona de confianza de 'Chavalo', que estaba a cargo de la seguridad de las personas y de las actividades de la organización, además de participar del lavado de activos mediante empresas constituidas ilegalmente, que le permitieron la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor', destacó Sarosa.

Asimismo, entre los detenidos está Edgar Armijos, al que el jefe policial presentó como 'un integrante activo de los Comandos de la Frontera, cuya función principal era la adquisición y acopio de armas, municiones, y explosivos utilizados en las actividades criminales'.

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El operativo también buscó incautar bienes y congelar cuentas bancarias de la organización organización por valor de 200 millones de dólares.

En total se decomisaron seis vehículos de alta gama, unos 100.000 dólares, cerca de 1,8 millones de pesos colombianos, dieciséis armas de fuego, 29 teléfonos celulares, 101 cartuchos del calibre 22, cuatro computadoras, un dispositivo de grabación de vídeo, varios documentos y dos chalecos antibalas.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de 'conflicto armado interno', después de que en los últimos años el auge de la violencia criminal haya llevado al país a registrar la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.