El líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, uno de los opositores más férreos al Gobierno venezolano, fue sentenciado a casi catorce años de cárcel por instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio, una condena que no impidió que el dirigente pidiera seguir la lucha.
El dirigente fue sentenciado hoy a 13 años y 9 meses, pero antes de conocer su condena le manifestó a la jueza del caso, Susana Barreiros, que si el fallo era condenatorio, ella tendría más miedo de hacer el anuncio que él de escucharlo porque se sabe 'inocente'.
El inicio de la historia del juicio contra López se remonta a la marcha que convocó el 12 de febrero de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro que culminó con destrozos en edificaciones del Estado y con tres fallecidos que no fueron achacados al dirigente, aunque éste sí fue señalado de instigar a la violencia que se produjo ese día.
López se entregó a la Justicia una semana después de la marcha, atendiendo a una orden de captura que se emitió en su contra el mismo día de la manifestación y desde entonces permanece en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, de donde ha salido solo para asistir a las audiencias de su juicio, que se inició el 23 de julio pasado.
Afrontó, en ese juicio, las acusaciones de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, junto a cuatro jóvenes que participaron en la marcha de febrero del año pasado.
A lo largo del juicio, la defensa de López denunció que se le ha impedido la presentación de sus pruebas y de sus testigos y afirmó que se trata de un proceso injusto y 'sin ética'.
Mientras tanto, y pese a su reclusión, López impulsó protestas contra el Gobierno, emprendió una huelga de hambre durante un mes y pidió la renuncia del presidente, conservando así su posición como el líder más radical de la oposición, que no ve más solución para Venezuela que el fin del Gobierno chavista.
Esta posición ya la había hecho clara cuando lanzó la iniciativa de 'La Salida' en enero del año pasado, una propuesta para debatir cómo acelerar la culminación del mandato de Maduro y que lo llevó a convocar a la marcha que acabó en ese trágico desenlace.
López ha sido señalado insistentemente desde las diferentes tribunas del chavismo, en las que se recordó que firmó el Decreto Carmona, que en 2002 suscribió el efímero presidente golpista Pedro Carmona, durante el fallido intento de golpe a Hugo Chávez, y ha estado en la mira de Maduro desde que inició su Gobierno.
El presidente venezolano le ha acusado de formar parte de grupos que conspiran contra su Gobierno y le ha bautizado como el 'monstruo de Ramo Verde' pues le atribuye la responsabilidad de que, tras la marcha de marzo de 2014, se iniciara una ola de protestas antigubernamentales que dejó 43 muertos y cientos de heridos.
Procedente de una acomodada familia, López, caraqueño de 44 años, estudió economía en el Kenyon College (Ohio, EEUU) y cursó una maestría en Políticas Públicas en la Escuela Kennedy de Gobierno, dependiente de la Universidad de Harvard (EEUU).
Al regresar a su país trabajó en la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA (1996 y 1999).
Ha tenido siempre aspiraciones presidenciales, que no ocultó tras ser alcalde del municipio caraqueño de Chacao, durante dos períodos consecutivos (2000-2008).
Pero en 2008, López fue inhabilitado hasta 2014 por la Contraloría en una controvertida decisión tras un proceso que comenzó en 1998.
La Contraloría estimó que López supuestamente recibió dinero de la gerencia de relaciones públicas de la estatal PDVSA, que dirigía entonces su madre, Antonieta Mendoza de López, para fundar el partido Primero Justicia (PJ).
También le acusaron de tomar una partida presupuestaria que debía ser destinada a la Alcaldía Metropolitana 'para otras cosas'.
López indicó que los fondos de PDVSA fueron concedidos tras ganar un concurso público y que la utilización de recursos de la Municipalidad se debió a una reasignación presupuestaria, de acuerdo con la necesidades administrativas del ente.
López fue inhabilitado pero llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, que falló a su favor en septiembre de 2011.
Sin embargo, el Tribunal Supremo venezolano (TSJ) indicó que el fallo de la corte internacional, de la que Venezuela se desligo, era inejecutable aunque le permitió presentarse como precandidato opositor a la presidencia, aspiración que desechó para apoyar a Capriles.
Con la sentencia condenatoria, se abre la interrogante sobre su destino político y la posibilidad de que su defensa pueda ganar un recurso de apelación de este fallo, aunque sus compañeros opositores han pedido que se empiece a trabajar por su libertad a través del triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo.
