Un juez de segunda instancia negó ayer por décima vez la solicitud de casa por cárcel a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, luego de que la defensa hubiera apelado una decisión en el mismo sentido producida el pasado 26 de diciembre por un juez de garantías.
Para el togado, 'el respeto a los derechos de los hijos' menores de edad de la argentina 'no implica que deba salir de prisión', porque según el jurista 'la conducta que se investiga es grave, ya que se trata de un posible atentado a la administración de justicia'.
El funcionario judicial confirmó en su totalidad la decisión de la primera instancia, que negó una llamativa solicitud de detención domiciliaria el 26 de diciembre de 2013, en plenas celebraciones navideñas y de fin de año.
La otrora bailarina exótica, capturada el 14 de febrero del año pasado por un presunto soborno en la actuación penal que se sigue por el homicidio del ganadero barranquillero Fernando Cepeda en 2003, pedía salir de la cárcel El Buen Pastor, a razón de su condición de madre cabeza de hogar.
Al respecto, el representante de víctimas, el cordobés Abelardo de la Espriella, dijo a periodistas al término de la audiencia que las 10 solicitudes por parte de Gette 'son un abuso del derecho, una burla a la justicia' y añadió que 'afortunadamente las instancias se han negado ante el inminente daño que puede causar Silvia Gette a la investigación, la obstrucción a la justicia y el peligro para las víctimas'.
Sobre el proceso penal como tal por el supuesto soborno, señaló el legista que este 'sigue su curso, tenemos audiencia preparatoria para finales de este mes -25 de abril- y el proceso por homicidio también sigue avanzando'.
Concluyó De la Espriella: 'esperamos que la justicia brille. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque son más de 10 años del crimen de Fernando Cepeda'.
En aquella ocasión, la jueza consideró que los cuatro hijos menores de Gette no estaban desprotegidos pese a la condición de viuda de la acusada.
Luis Jiménez, defensor de la exrectora, pedía la casa por cárcel para su cliente debido a su condición de madre cabeza de familia, el supuesto estado de desprotección en el que se encontraban sus hijos de 8, 10 y 15 años y su madre de 86 años, quien al parecer parece de diabetes y alzheimer.
Jiménez consideraba que se debía conceder la domiciliaria 'para evitar el daño sicológico a los menores, y para esto se deben anteponer sus derechos'.
Por su parte, la fiscal 214 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Margarita Bonilla, se oponía a la solicitud porque la argentina 'en un documento público del 20 de marzo de 2013, cede la custodia de sus hijos a Graciela Martínez o a Orietta Martínez, y ahí dice que estas señoras aceptan gustosamente el encargo, y que además la acusada se compromete a través de su hermano Guillermo o su sobrino Cristian a proveer lo necesario para su sostenimiento'.
