La Organización Femenina Popular de Colombia (OFP) denunció este miércoles el asesinato de Carlota Isabel Salinas Pérez, una de sus lideresas, ocurrido en la noche del martes en San Pablo, en el departamento caribeño de Bolívar (norte), en la víspera de la cuarentena en Colombia por el COVID-19.
'El día 24 de marzo de 2020 sobre las 8 de la noche, hombres armados llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Guarigua, donde la obligaron a salir unos metros para asesinarla con arma de fuego. Hoy su pareja se encuentra desaparecida', denunció la OFP.
Salinas impulsó durante más de 10 años en la organización proyectos con mujeres productoras, lideresas y defensoras de víctimas de la violencia e hizo parte de la Defensa Civil en el municipio de San Pablo, donde trabajó en gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental.
'Nos duele su asesinato que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016 y reconocemos la urgencia de que el Estado Colombiano cumpla con sus obligaciones', lamentó la OFP en un comunicado.
Ante los constantes asesinatos de líderes sociales en el país, la organización pidió a la Fiscalía General iniciar lo más pronto posible una investigación para identificar a las estructuras criminales responsables del homicidio de Salinas.
'Carlota fue nuestra compañera durante más de 10 años, su familia ha sido parte de nuestro tejido de vida en el territorio y la recordamos por su compromiso, su entrega y su expresión de solidaridad con todas', expresó la OFP.
Horas antes de ser asesinada, la mujer, quien era madre de tres hijos, estaba recolectando dinero para ayudar a las personas más vulnerables por el coronavirus en su territorio, pandemia de la que ya hay 470 casos confirmados en el país.
Por la situación de emergencia en Colombia, varias organizaciones le pidieron al Gobierno garantizar de manera prioritaria la protección de las lideresas, especialmente durante el aislamiento obligatorio que inició hoy y se extenderá hasta el 13 de abril como medida para controlar la propagación del COVID-19.
Según el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia el año pasado, el 75 % de estos casos ocurrió en zonas rurales y el 86 % en municipios con 'un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional'.
