Cambio Radical expidió este jueves un duro comunicado en el que informa que expulsa a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, entre otros temas, porque 'existen graves indicios que vincularían a la exgobernadora y a su cercano grupo de colaboradores en una tentativa de homicidio contra el doctor Jorge Enrique Vélez', actual mandatario departamental encargado.
Sobre esta grave revelación, agrega la colectividad que 'esperamos que la Fiscalía General de la Nación, a la mayor prontitud, pueda esclarecer estos hechos y tome las medidas a que haya lugar'.
La gestión de Pinto, ficha del exgobernador Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar -enjuiciado por al menos seis asesinatos-, había venido siendo objeto de críticas y denuncias del gobernador interino, por temas relacionados, sobre todo, con actos de corrupción en la península.
En el boletín se destaca en este sentido 'la tarea cumplida por el gobernador encargado, también miembro de Cambio Radical' y quien es el titular de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Afirma el partido sobre Vélez al respecto que 'mucho ha contribuido no sólo con la investigación que la Fiscalía ha adelantado sobre la gestión de la propia exgobernadora, sino además de todos sus antecesores, pertenecientes a varias colectividades, y que demuestran hasta qué punto había llegado la corrupción en La Guajira, permeando a toda la dirigencia política del departamento, sin distingo alguno de partidos o movimientos políticos'.
Las toldas rojiazules, que preside Rodirgo Lara, tras ofrecer 'las más sentidas disculpas', aseguran que 'en el futuro extremaremos todos los controles para que una situación así nunca más se repita'.
Se lee en el documento, además, que la decisión del Tribunal de Ética de Cambio Radical se tomó por unanimidad y que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Así mismo, reconoce lo tardía de su decisión: 'lamentamos que este pronunciamiento resulte extemporáneo, como lo reconoce la misma providencia del Tribunal de Ética'.
Asegura la colectividad que sus pesquisas van más allá de las razones que le valieron al Consejo de Estado para decretar hace un par de meses la nulidad de su elección: 'la señora exgobernadora no sólo estaba inhabilitada para participar del proceso electoral, sino que, así mismo, en el desempeño del cargo violó los principios de transparencia, de dignidad, de responsabilidad, entre otros'.
No obstante, asevera el documento que cuando Pinto solicitó el aval, no existía en su contra impedimento fiscal, disciplinario o penal alguno.
El partido advierte que de los actuales candidatos que se han inscrito para las elecciones atípicas en la península, a celebrarse el próximo 6 de noviembre, 'ninguno ofrece las suficientes garantías de que hechos como los conocidos no vuelvan a suceder', por lo que, pone de presente, 'nos abstuvimos de dar aval o coaval'.
