La Contraloría informó este viernes que hará una revisión de oficio al contrato entre el Distrito de Barranquilla y la empresa Servicios de Alimentación NP SA, suscrito el pasado 24 de marzo por un valor de $18.652 millones, con el objeto de suministrar mercados en la población vulnerable. La revisión, que se hace de manera preventiva, busca corregir cualquier anomalía en el curso de su ejecución.
A través de la resolución 804 del 24 de abril de 2020, el despacho del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, decretó 'la intervención funcional de oficio' sobre el contrato UMA-001-2020 del 24 de marzo de 2020, con el objeto de 'Suministro y entrega de mercados básicos para mitigar efectos socieconómicos en la población vulnerable, en razón a la proliferación del virus COVID-19, de conformidad con la urgencia manifiesta a través del decreto distrital 03682020'.
Así las cosas, en Atlántico el ente de control fiscal lleva tres actuaciones, con las ya conocidas de la Gobernación del Atlántico por contratación de kits de asistencia humanitaria por $19 mil millones y la de canastas alimenticias del municipio de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles por cerca de $4 mil millones.
A su vez, el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, explicó este viernes en una sesión virtual que estas actuaciones se están llevando a cabo con un enfoque preventivo, con lo que se da la posibilidad de presentar una alerta y garantizar que se corrijan las anomalías.
De esta manera, reportó que en Sucre se investigan seis casos en Sincelejo, la Gobernación, Ovejas y Sincé, sobre todo asociados a temas de suministro de paquetes alimenticios. En Sincelejo se revisa un contrato de $800 millones y otros por $299 millones, para el suministro de alimentación. Así mismo, otros dos contratos, cada uno por $1.999 millones, en los que se revisa si hubo sobrecostos y si hubo idoneidad en los contratistas. Y en la Gobernación se investiga un contrato para el suministro de alimentación por $2.117 millones.
En Cesar, a partir de denuncias de las veedurías ciudadanas sobre las entregas de ayudas alimentarias, hay seis intervenciones en El Copey, Curumaní, El Paso y la Gobernacion, en general por presuntos sobrecostos. 'Como se han manejado esquemas preventivos, algunos entes territoriales han hecho reajustes a partir de las alertas de la Contraloría. No obstante, se surten las investigaciones', explicó el funcionario.
Para el caso de Cartagena, se revisa si hubo sobrecostos en un contrato de entrega de ayudas alimentarias por $725 millones y en otro por suministro de pruebas rápidas y adquisición de insumos médicos, en contratos que suman unos $1.800 millones.
Hay una pesquisa también en San Andrés por el suministro de elementos médicos en un contrato de $3.500 millones. 'Esta investigación se ha traído al nivel central para garantizar la objetividad en el proceso', precisó el delegado.
