La Procuraduría sancionó con 12 meses de suspensión convertidos en multa a los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel (2012-2015) y Rosa Cotes (2016-2019) por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de la Vía de la Prosperidad.
A Luis Miguel Cotes el Ministerio Público lo multó por $107 millones y a Rosa Cotes por 12 salarios mensuales devengados por la mandataria en 2019.
El fallo fue emitido por el procurador 1 delegado para la Contratación Estatal, Camilo Orrego, por el proyecto de inversión materializado en los convenios 1266 de 2012, 649 de 2013 y el contrato de obra 617 de 2013.
A mediados del año pasado el ente de control disciplinario había formulado cargos contra los Cotes 'por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública conocido como Vía de la Prosperidad, que se proyectó por un valor de $466.900 millones'.
El órgano de control cuestionó una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena.
Para la Procuraduría hubo 'faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se habría realizado con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera; y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar'.
Reprochó a los exgobernadores por ello la falta de oportunidad y eficacia para regularizar la ejecución del Contrato 617 de 2013, previsto inicialmente a 35 meses; atender la advertencia sobre las acciones para hacer frente a posibles incumplimientos del contratista, y la falta de observancia de los planes de mejora presentados ante el Departamento Nacional de Planeación, que ocasionaron la suspensión del giro de los recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto.
Luis Miguel Cotes incurrió, según el Ministerio Público, en deficiencias en la planeación contractual, lo que habría afectado el alcance físico del proyecto; mientras que Rosa Cotes, de acuerdo a la formulación de cargos, no emprendió las acciones necesarias para que la ejecución de la obra tuviera resultados reales y efectivos, y hubo demora en atender la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, teniendo en cuenta los incumplimientos que se dieron desde 2016.
