Un total de 28 muertes, entre ellas de dos militares, computa el Ministerio Público (MP, Fiscalía) durante la “violencia” desatada tras las presidenciales del 28 de julio, en la que se registraron protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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En una entrevista difundida este domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que, del total, 23 personas fueron “asesinadas” a “tiros” entre el 29 y el 30 de julio, de las cuales dos eran efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Además, dos mujeres fueron víctimas de “crímenes de odio” y dos jóvenes fallecieron a causa de unas “barricadas” por las que se “volcaron sus vehículos”, mientras que otra persona falleció poco después de haber sido disparada, según el funcionario, que computa también 190 heridos, de los cuales 100 son policías y militares.
El titular del Ministerio Público, en una entrevista con el canal Globovisión, aseguró que la “unidad institucional cívico-militar-policial evitó un baño de sangre” en el país, donde “pudo haber ocurrido más de 2.000 muertos” y “4.000 y pico de heridos”.
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Saab acusó a “los llamados comanditos” -grupos de organización política de la campaña del abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia- de haber “instrumentalizando” la “violencia poselectoral”, en la que “utilizaron a menores de 18 años”.
En este sentido, aseveró que “no hay un solo niño detenido” y que los capturados, en “su gran mayoría, tienen 16, 17 años”, de los cuales -agregó- ha “salido un número extraordinariamente cualitativo por la acción del Ministerio Público y de los tribunales”, sin ofrecer detalles sobre estas excarcelaciones.
La organización no gubernamental Foro Penal, a la que Saab llamó “mercenaria”, señaló el pasado miércoles que hay 1.916 detenidos por “motivos políticos” en Venezuela, de los cuales 1.846 son adultos y 70 adolescentes entre 14 y 17 años.
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Este viernes, la ONG Provea dijo que ha recibido denuncias sobre supuestas presiones y amenazas a personas detenidas en el contexto de protestas poselectorales para que “admitan delitos que el Ministerio Público les ha imputado sin pruebas” y “sin garantías” al “debido proceso”.
Tras las presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según las autoridades, que acusan a los manifestantes de generar “violencia” y “vandalismo”, afectando sedes de organismos públicos, mientras que la oposición mayoritaria señala a los agentes de seguridad del Estado de “represión”.
