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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, creará una “ley especial” para inhabilitar políticamente a perpetuidad a quienes “hayan cometido actos tan lascivos” como pedir o celebrar sanciones internacionales contra el país, dijo este martes el presidente de la Cámara, el oficialista Jorge Rodríguez.

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La propuesta de ley “contra el bloqueo y por la defensa” de Venezuela incluirá, según Rodríguez, un proceso judicial contra aquellos que soliciten “actos de agresión en contra de su propia tierra” por “traición a la patria”, un delito castigado en el país con la pena máxima, 30 años de prisión.

“Nosotros debemos tener un articulado en esta ley especial donde se establezcan nuevas formas de ir contra esos criminales para juzgarlos y condenarlos por traición a la patria”, expresó el diputado chavista, quien minutos antes acusó al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España desde septiembre- de estar “pidiendo sanciones contra Venezuela” en Europa y en Estados Unidos.

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Rodríguez planteó la normativa durante la discusión de un acuerdo en rechazo a un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro.

A juicio del parlamentario oficialista, se trata de un “nuevo acto de barbarie” con el que se persiste en una de las “acciones más agresivas que ha conocido” el país y que “tiene características de crímenes de lesa humanidad”, en referencia a las sanciones, que -afirmó- están “dirigidas al exterminio de la libertad, principalmente, de la libertad económica”.

El Ejecutivo venezolano también rechazó el proyecto de ley de la Cámara de Representantes y expresó que fue solicitada por la “derecha fascista”, con el fin de “impedir el relacionamiento (sic) y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos”.

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Esta propuesta se suma -agregó- a las más de 930 “medidas coercitivas unilaterales”, como denomina a las sanciones impuestas por el país norteamericano y a miembros del Gobierno y el chavismo.