La ministra ecuatoriana del Interior, Mónica Palencia, pidió este domingo a los organismos de Derechos Humanos que estén atentos para evitar que se infiltren personas violentas en las manifestaciones anunciadas para el lunes con motivo del Día Internacional de la no Violencia contra la mujer (25 N).
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En un mensaje publicado en redes sociales, Palencia, acompañada del comandante general de la Policía, Víctor Zárate, y del jefe del Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anotó que se ha convocado a marchas para este lunes.
“Reiteramos el pedido a las organizaciones de Derechos Humanos para que sean observadores y eviten la infiltración de personas violentas dentro de las marchas”, dijo.
Aseveró que “es falso que la Corte Constitucional haya levantado el estado de excepción. Esta medida se mantiene vigente. La Corte ha mencionado que contamos con medidas ordinarias para precautelar los intereses ciudadanos y no es necesario suspender el derecho a la libertad de asociación o de reunión”.
A su turno, Zárate señaló que el 20 % de los servidores policiales son mujeres, es decir, unas 12.000.
“Según información de Inteligencia, se estaría organizando para mañana manifestaciones que abarcarían zonas a las que Policía Nacional y Fuerzas Armadas no van a permitir el ingreso”, advirtió, y recalcó que está restringido el acceso al centro histórico patrimonial de Quito.
La semana pasada también se restringió el acceso a esas zonas cuando manifestantes protestaban contra el Gobierno liderado por el empresario Daniel Noboa.
“Las servidoras policiales realizarán el control de las marchas convocadas para mañana por lo que solicitamos respeto y consideración para nuestras damas de la paz y también para los manifestantes”, dijo Zárate.
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Opinó que es “falta de respeto a la autoridad hacer cánticos agresivos en contra de las fuerzas del orden”, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la judicatura “que no se confunda la protesta social y su derecho con la posibilidad de agredir a policías y que actúe con mano dura y firme cuando se presenten los partes policiales, que esperamos no haya necesidad de ello”.
Vela reiteró que está vigente el decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción, incluido el Distrito Metropolitano de Quito, y apuntó que es “deber de las fuerzas del orden mantener la paz y seguridad interna del país y repeler toda agresión en uso legítimo de la fuerza”.
“Lo anterior se comunica para garantizar la protección de la vida, integridad personal y patrimonio, exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas en contra de las fuerzas del orden y con la intención de causar terror o hechos violentos”, dijo.
El pasado jueves, cientos de personas participaron en Quito en una marcha contra el Gobierno, que acabó dispersada por un contingente de unos 2.000 policías, quienes les impidieron avanzar al centro histórico de la ciudad, lo que derivó en unos altercados con los manifestantes que buscaron romper el cerco.
Al menos 12 personas fueron detenidas, según un reporte preliminar de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entre ellos dos miembros de esta organización, mientras que la Policía, que informó de tres agentes heridos, señaló que una de las personas detenidas es una funcionaria pública.
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La movilización había sido convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical del país, y por varias federaciones de estudiantes para protestar, entre otras razones, contra la política económica del Gobierno y las consecuencias de la crisis energética que ha obligado a apagones diarios de hasta 14 horas desde mediados de septiembre.