El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, no ha acudido este domingo a un interrogatorio con la Fiscalía, que lo investiga por decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
(Le puede interesar: Continúan los ataques israelíes contra Gaza: 46 gazatíes muertos y más de un centenar de heridos en 24 horas)
El equipo que lleva la investigación anunció hoy que había enviado una citación a Yoon el pasado 11 de diciembre pidiéndole que compareciera ante la sede de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl para ser interrogado ahí, pero el mandatario no se ha presentado.
Los fiscales, que confirmaron que la Oficina Presidencial había dado acuse de recibo con respecto a la convocatoria, tienen previsto enviarle una segunda citación mañana lunes al presidente, que ayer sábado fue destituido por el Parlamento debido a su decisión de decretar el estado de excepción.
(Vea aquí: Falleció a los 80 años el músico Javier Bátiz, precursor del rock mexicano)
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
(Lea también: Un año turbulento y mortal con la escalada del conflicto en el Medio Oriente)
Yoon fue destituido ayer por el Parlamento con los votos de al menos 12 diputados de su formación, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), y sus funciones las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo.
Yoon queda ahora a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
