Las autoridades cancelaron este viernes la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.
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Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) informó a medios que la operación se canceló hacia las 13:30 hora local (4:30 GMT), después de que 30 agentes de este organismo y 50 policías se encararan durante unas tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.
“En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla”, explicó el portavoz en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.
El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan “profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales”.
Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Los seguidores del presidente congregados cerca de su residencia, en torno a unos 1.200 según la policía, celebraron la noticia con vítores.
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La policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.
Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es “ilegal” tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.
En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a Junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.
