Una madre víctima de violencia vicaria permanece encadenada a la residencia del gobernador del estado Jalisco (oeste de México), Pablo Lemus, desde hace 22 días, para exigir que uno de sus hijos regrese a casa tras la sustracción y negativa de su propio padre.
En entrevista con EFE, Lisi Celis explicó que tomó la decisión de realizar el acto como una medida desesperada para presionar a las autoridades de justicia locales y federales para que agilicen los procedimientos jurídicos, terminen con los actos de corrupción y tráfico de influencias de su expareja y que le regresen a su hijo Patricio.
Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dijo que desde hace seis años lucha para que sus dos hijos vuelvan con ella. Pese a tener la custodia y diversos procesos jurídicos a su favor, su expareja, un empresario de la industria tequilera, utiliza sus recursos económicos e influencias para impedirle tener contacto con ellos.
En 2023 logró que sus hijos regresaran a casa, pero pocos meses después el padre convenció al hijo mayor, ahora con 19 años, para que escapara y se llevara a Patricio, por entonces de 11 años, con quien perdió comunicación.
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Celis ha comprobado que sus hijos no solo viven maltrato infantil y manipulación psicológica con su padre, sino que fueron obligados a dejar la escuela, sus tratamientos médicos y están en un ambiente en el que se les permite consumir drogas y alcohol, vulnerando sus derechos humanos.
La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que las hijas e hijos son usados por los padres o exparejas sentimentales como un objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus excónyuges.
En 2023, México reconoció este tipo de violencia como delito y determinó protocolos y medidas específicas para evitarla, además de sanciones para los agresores; aunque no todas las entidades tienen una ley estatal en la materia ni sanciones uniformes.
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El plantón ha servido para que representantes del Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía General de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda retomen el caso de Celis. Aunque una jueza ha ordenado ir a buscar al menor a diferentes domicilios, el padre ha logrado huir.
“Si he salido a pedir justicia tal vez a ellos sí les ha repercutido, pero que entiendan que esto es algo que hago por amor y porque ellos se merecen la vida que tuvieron, tenían el derecho a tener a su familia materna, a tener a su mascota, a ir a la escuela”, indicó.
De acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en México hay al menos 5.000 casos abiertos por este delito con más de 10.000 menores involucrados. Sólo 2 % de las madres víctimas tienen acceso a procesos penales.
