La Policía de Ecuador rescató a nueve adultos y dos menores de edad que habían sido secuestrados por una organización criminal en la ciudad costera de Guayaquil, después de que agentes que patrullaban el sector persiguieron a un dron, informó este lunes la institución.
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El teniente coronel Marco Vallejo, jefe policial del distrito Nueva Prosperina, zona donde el pasado jueves se registró una masacre en la que fueron asesinadas 22 personas, explicó que policías y militares recorrían la noche del domingo el sector como parte de los operativos que se intensificaron tras el crimen cuando visualizaron que un dron sobrevolaba el lugar.
“El personal policial le da persecución a este dron que luego aterrizó en una terraza de una vivienda de construcción mixta. Entonces la Policía ingresa y libera a nueve personas secuestradas y dos menores de edad”, indicó.
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Vallejo dijo que, según las primeras investigaciones, estas personas “iban a ser ejecutadas” por quienes los habían secuestrado la noche del sábado, ya que los captores los identificaban como miembros de una “banda contraria”.
Explicó que en los exteriores de la vivienda en la que aterrizó el dron había tres vehículos con unas 20 personas “fuertemente armadas”, pero que escaparon cuando la Policía llegó al lugar. A quien sí detuvieron fue al dueño de la vivienda, quien fue llevado ante un fiscal.
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Desde inicios de 2024 Ecuador se encuentra bajo el “conflicto armado interno” declarado en el país por el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, causantes de la escalada de violencia que llegó a situar en 2023 a Ecuador a la cabeza en índice de homicidios en Latinoamérica, mientras que 2025 ha comenzado como el año más violento desde que se tiene registro.
Contra estas bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, se han decretado también una serie de sucesivos estados de excepción para enfrentar con militares a la criminalidad, lo que incluyó la militarización de cárceles controladas por estos grupos delictivos.
