El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.
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En el marco de ese proceso, el líder salvadoreño les había solicitado el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se ha cumplido.
Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua “en sus muy buenas cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dólares” a los contribuyentes estadounidenses.
”Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio consideró que Donald Trump “está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense” y que la expulsión de “cientos de criminales violentos” nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.
Para acelerar las deportaciones contra miembros de Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
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Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE. UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Antes de su invocación, no obstante, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.
El magistrado detalló en su orden, en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire debía volver a Estados Unidos.
