Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, firmó este martes un decreto de emergencia económica por dos meses, en respuesta -aseguró- a la “guerra comercial inédita” ocasionada por la política arancelaria de EE. UU. y que le otorga la potestad de “dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento” de Venezuela.
(Le puede interesar: Unión Europea aprueba contramedidas a los aranceles de EE. UU. al acero y aluminio)
“Procedo hoy, 8 de abril, a firmar el decreto de emergencia económica que me faculta por dos meses a obrar, a actuar y a accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar”, indicó Maduro.
El líder chavista anunció que el decreto, prorrogable por 60 días, “ahora debe de inmediato entregarse a la Asamblea Nacional (Parlamento)” y explicó que entrará en vigencia una vez se publique en Gaceta Nacional.
Maduro defendió que este decreto se firma considerando que el “mundo enfrenta una guerra comercial inédita” ocasionada por la “política arancelaria del Gobierno de los Estados Unidos” y consideró “deber del Ejecutivo” garantizar “el desarrollo armónico de la economía nacional y proteger a la población y a los sectores productivos”.
(Vea aquí: China elevó al 84 % sus aranceles a los productos estadounidenses)
“Ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos”, afirmó.
Maduro, quien leyó el documento, podrá “dictar regulaciones excepcionales y transitorias”, “suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales”.
Además, estará facultado para “concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes”.
(Lea también: “Están llamando, están besándome el trasero”: Trump se mofa de países que quieren negociar aranceles)
De igual forma, tendrá la potestad de “establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de las importaciones”, así como “adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional”, entre otras decisiones.
Este martes, el líder antichavista Edmundo González Urrutia, que reclama la Presidencia de Venezuela, dijo que Maduro pretende “engañar” al país caribeño con la firma de un nuevo decreto de emergencia económica.
El opositor, en el exilio desde septiembre del año pasado tras denunciar una persecución en su contra, aseguró a través de X que “no se puede engañar a los venezolanos” luego de “25 años de mala gestión”.
(Le sugerimos: Las bolsas mundiales vuelven al rojo con la entrada en vigor de los nuevos aranceles de EE. UU.)
González Urrutia indicó que, desde 2016, la Administración encabezada por Maduro “ha renovado, al menos, 28 veces el llamado ‘estado de emergencia económica’, y siete años después, el resultado es evidente: pobreza, hiperinflación (entre 2017 y 2021), migración forzada y una economía devastada”.
En enero de 2016, Maduro aprobó un “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional, con el fin de “proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”, según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta “guerra económica” por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.
Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en el país caribeño, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.