El pasado 3 de julio la gobernadora interina del Distrito Federal de Brasil, Celina Leao, sancionó la ‘Ley Vinícius Jr.’, en alusión al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior e inspirada en el incidente que sufrió el 21 de mayo de 2023 en Mestalla, donde recibió insultos racistas por parte de grupos de aficionados del Valencia y acabó siendo expulsado en un partido de la Liga española.
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La nueva ley tiene como propósito transformar los estadios y otros escenarios deportivos en “espacios de conciencia racial para toda la comunidad deportiva”.
“¡Tolerancia cero ante los crímenes racistas aquí en el DF!”, publicó Celina Leao en sus redes sociales.
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En diciembre del año pasado el estado brasileño de Paraíba promulgó la ley ‘Vini Jr.’, estableciendo un protocolo para interrumpir y hasta dar por finalizado un partido cuando se produzcan insultos racistas.
“Se instituye, en el ámbito del estado de Paraíba, la política ‘Vini Jr.’ de combate al racismo en los estadios y recintos deportivos”, reza el primer artículo de la ley, publicada en el Diario Oficial de Paraíba, en el noreste de Brasil.
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Desde ese momento, es obligatorio en los estadios y polideportivos de Paraíba “la divulgación y realización de campañas educativas” contra el racismo en los descansos y antes de los eventos deportivos.
También está prevista la “interrupción de un partido en curso en caso de denuncia o reconocida manifestación de conducta racista por parte de cualquier persona presente, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales previstas en el reglamento de competición y en la legislación deportiva”.
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Asimismo, será opcional dar por finalizado el encuentro en caso de una “conducta racista” cometida “conjuntamente por un grupo de personas” o si se produce una reiteración de dicho comportamiento, que está tipificado con cárcel en el Código Penal brasileño.
El protocolo antirracista también incluye que “cualquier ciudadano podrá informar a cualquier autoridad presente en el estadio de los comportamientos racistas de los que tenga conocimiento”.
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A partir de ahí, la autoridad comunicará lo sucedido obligatoriamente a los organizadores del evento o al delegado de campo y, posteriormente, denunciará el episodio ante el Ministerio Público y dará parte en comisaría.
Sobre el campo, el responsable del evento solicitará al árbitro su “interrupción obligatoria” el tiempo que sea necesario y en cuanto “no cesen las actitudes reconocidamente racistas”.
Si hay reincidencia, “el organizador del evento deportivo o delegado de campo podrá informar al árbitro sobre la decisión de ejercer la opción de poner fin al partido”.
