La aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los últimos dos años ha permitido que cerca de mil familias hayan recibido los territorios que les fueron despojados por actores del conflicto armado, de las que al menos el 70 % han tomado posesión de sus predios.
Así lo resumió en una entrevista con Efe el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, quien está al frente del análisis de las reclamaciones para determinar cuáles son infundadas y cuáles acreditan casos reales de usurpación para después ser entregados a los jueces especializados.
'En este momento, nosotros tenemos ya cerca de mil familias restituidas', dijo Sabogal, al señalar que estas personas se han beneficiado de 347 sentencias que han resuelto 911 solicitudes equivalentes a 19.255 hectáreas de tierras.
La URT es una dependencia gubernamental creada a raíz de la entrada en vigor en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una norma que en diez años aspira a retornar a la tierra a unas 360.000 familias despojadas de sus tierras desde 1991 y que ya ha recibido 16.403 reclamaciones equivalentes a 'medio millón de hectáreas'.
De estas, según Sabogal, la URT ya ha revisado 7.000 casos, de los que 2.000 eran falsos y 5.000 clasificaron para ser enviados a los jueces, en cuyos despachos ya se están estudiando 3.000 y 911 han sido resueltos.
El trabajo de esta unidad gubernamental toma entre ocho y doce meses por cada caso porque afronta dificultades como el caos que estos episodios de despojo y corrupción han dejado en un desactualizado catastro y registro de las tierras.
Además, la devolución de estas tierras se está desarrollando en medio del conflicto armado, lo que plantea problemas para los beneficiarios, que son amenazados por los viejos usurpadores y los denominados grupos neoparamilitares antirestitución, y obliga a aplicar la ley por fases en zonas que cumplan condiciones de seguridad.
'Adelantar esta política en medio del conflicto no es fácil. Muchas zonas donde tenemos nosotros un alto número de reclamaciones no pueden ser intervenidos por temas de seguridad, como Catatumbo, sur del Meta, sur del Tolima, Putumayo y Cauca', dijo el director de la URT.
Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch presentado en septiembre pasado planteó que precisamente por estos problemas de seguridad sólo una de las familias beneficiadas por el marco legal había logrado retornar a su tierra.
Pero a juicio de Sabogal, este juicio es errado: 'nosotros tenemos un rastreo que indica que cerca del 70 % de las familias que tienen sentencia restitutiva ya tienen en su poder los predios, y si no viven allí todavía al menos han comenzado a cultivar o han llevado al ganado'.
'La decisión de volver al predio no es una decisión inmediata, es una decisión que lleva su tiempo y que no es obligatoria', argumentó, al señalar que muchos individuos optan por quedarse en el lugar al que se desplazaron.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras indica además que las personas a las que se les devuelven sus títulos tienen la posibilidad de vender la propiedad, pero pasados dos años de su disfrute.
Cuando una familia recibe un predio, el Gobierno acompaña su reubicación 'con seguridad y con proyectos productivos durante dos años', según Sabogal.
Al menos 466 familias tienen ya proyectos, mientras que las demás esperan la asignación del incentivo económico y estudian la posibilidad de retornar.
En ocasiones, cuando los jueces prevén que el beneficiario no puede volver por condiciones de seguridad a la tierra que reclama, le adjudican un predio de los bienes que el Estado le incautó al narcotráfico y que administra la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que está en liquidación.
