El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carmelo Perdomo, envió un fuerte regaño a la Procuraduría por las 'intimidaciones' que el ente de control habría ejercido durante el estudio de las tutelas a favor del alcalde Gustavo Petro.
'Como se advierte en la lectura de la sentencia (de una de las tutelas), la sala advierte y exhorta a la Procuraduría para que se abstenga en lo sucesivo de hacer ese tipo de intimidaciones hacia el aparato judicial del Estado', dijo a periodistas, y explicó que algunos magistrados de la corporación se sintieron presionados por el organismo disciplinario.
Al respecto, precisó que 'para la sala no son de recibo los argumentos de defensa de la Procuraduría cuando afirma que debe negarse la protección constitucional en el proceso contra Petro, porque una decisión diferente traería consigo consecuencias desafortunadas para el funcionario judicial que la adopte'.
Y añadió que estarán muy pendientes en esa corte departamental por si se repite la conducta del Ministerio Público, con el fin de tomar las medidas correspondientes.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez, a pesar de las acciones constitucionales falladas en contra del ente de control, siguió con el proceso de sanción, al colgar ayer en la sala disciplinaria el edicto para notificar al alcalde sobre su destitución e inhabilidad de 15 años.
De otro lado, el tercer fallo de tutela, conocido en su totalidad hasta ayer, advierte sobre una particular violación al debido proceso: 'el Ministerio Público no le permitió el ejercicio del derecho de defensa en debida forma al alcalde, al denegarle las pruebas solicitadas dentro del trámite del proceso', ya que, por ejemplo, la denuncia del contratista sahagunense Emilio Tapia, implicado y testigo del 'carrusel' de contratos, sobre un complot contra el nuevo esquema de aseo 'se trataba de una prueba importante para la decisión, porque sus declaraciones ante la Fiscalía, conocidas de primera mano por la Procuraduría, han debido llevarse al proceso, y ni siquiera ante la tardía petición del burgomaestre fue decretado de oficio su testimonio'.
Añade el documento que, además, 'nótese que la Procuraduría decreta tener como prueba un concepto técnico de la misma entidad, pasando por alto que la Secretaría de Ambiente conceptuó que no se dio daño ambiental, y denegando tener como prueba un concepto técnico de la Universidad Nacional'.
El presidente Juan Manuel Santos, entre tanto, reiteró en entrevista con la Cadena SER de España que 'vamos a respetar la Constitución, la ley y los fallos de la justicia, y esperar a que evolucione esta situación para poder proceder, pero cualquier fallo de la justicia lo vamos a respetar'.
Así mismo, Jorge Molano, defensor de Petro, pidió que los fallos de tutela se sumen a las investigaciones que en la Fiscalía se siguen contra Ordóñez: 'son una muestra clara de que las decisiones de la Procuraduría fueron contrarias a la ley e, incluso, pueden ser consideradas como un concierto para delinquir y un prevaricato por acción'.
Finalmente, el Ministerio Público manifestó su preocupación porque hay alrededor de 1.789 funcionarios elegidos popularmente que han sido sancionados y que podrían radicar tutelas, aunque sus procesos sean diferentes al de Petro. De hecho, ayer, según La FM, cinco solicitudes de nulidad fueron radicadas por parte de gobernadores actuales investigados: Julio César Guerra Tulena (Sucre); Luis Miguel Cotes (Magdalena); Juan Francisco Gómez (La Guajira); Víctor Isidro Gómez (Caquetá) y Juan Carlos Gossain (Bolívar).
