La semana pasada, ante un juez capitalino, la Fiscalía acusó a los cuestionados primos costeños Nule y a varios exfuncionarios de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, de haber supuestamente cometido una serie de irregularidades contractuales para apropiarse, a través de una fiducia, de 25.512 millones de pesos correspondientes a bienes y recursos objeto de extinción de dominio.
La fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, acusó, primero, al polémico contratista barranquillero Guido Alberto Nule Marino; al exsecretario general de la DNE, Alejandro Vélez Múnera y al extesorero Freddy Guillermo Hernández Sandoval –con quien está en trámite un principio de oportunidad– de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Habría otras siete personas, algunas exfuncionarias de la desaparecida entidad de estupefacientes, en la mira del ente acusador. Se trata de Miguel y Manuel Nule; Gonzalo Martín Gutiérrez Díaz-Granados, Clara Eugenia Garrido de Devaldenebro, Pablo Manuel Bula Narváez, Marta Hernández Pulido y José Camilo Guzmán Santos.
El ente investigador señala en su acusación, en concreto, que al celebrar el contrato de encargo fiduciario 024 de 2006, entre la DNE y Fiduagraria, y la oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición, entre el Consorcio Bogotá-Fusa, en cabeza de los Nule, y la representante de Fiduagraria, 'no sólo se desconocieron flagrantemente las normas legales vigentes en materia de contratación al interior de la DNE, sino que fueron soportados en documentos falaces en los que se ocultó información con relevancia jurídica, además de haber servido como una mampara para por este medio extraer dineros pertenecientes al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado, Frisco'.
De hecho, una vez se autorizó la trasferencia de recursos, 'los dineros fueron trasladados el mismo día a cuentas de MNV y Gas Kapital -de los primos costeños-, donde fueron objeto de disposición por parte de los señores Nule'.
El contrato 024 del 28 de agosto de 2006
En el Frisco, adonde llegaban todos los bienes y recursos objeto de extinción de dominio, de acuerdo al ente acusador, estos recursos 'debían ser asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada', y 'debían ser invertidos de manera preferente en el mercado primario en títulos de deuda pública, con entidades calificadas mínimo como AA+ para mediano y largo plazo y DP1 para corto plazo, por las agencias calificadoras de riesgo, o a través de fiducia, en entidades fiduciarias de naturaleza pública'.
Por esto, la Fiscalía acusó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, sucesivo, refiriéndose al Contrato 024 del 28 de agosto de 2006 entre la DNE y Fiduagraria y la oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición del 23 de octubre del mismo año.
La millonaria trasferencia ilegal
La Fiscalía advierte que 'fue flagrante el desconocimiento por parte de los servidores de la DNE de los requisitos legales para el contrato de fiducia (…), lo cual generó desde el comienzo riesgo para el patrimonio del Estado, que unido a la posterior suscripción de un contrato atípico, carente de las garantías debidas para asegurar el recaudo oportuno de los dineros del Frisco, con objeto y causa ilícitos, permitió que el referido riesgo se tradujera en la apropiación indebida a favor del Consorcio Bogotá- Fusa, en cabeza de los Nule, de la suma de 25.512 millones de pesos, transferida de forma ilegal'. Lo anterior configura, de esta manera, la ocurrencia del delito de peculado por apropiación.
Así mismo, en la cancelación del crédito de la DNE al consorcio, se presentaron irregularidades como que el 22 de octubre de 2007 se canceló una primera cuota de 3.061 millones de pesos, por concepto de intereses, que 'fue cubierta con los dineros que se encontraban depositados en la cuenta de Fiduagraria Consorcio Bogotá-Fusa: es decir, se canceló la primera suma correspondiente a intereses con los mismos dineros trasferidos por la DNE'.
Una elección de fiducia 'direccionada'
El punible de falsedad ideológica en documento público se evidencia para el ente penal en la suscripción de las actas 086 del 17 de agosto de 2006 y 088 del 5 de septiembre del mismo año, en las que 'se faltó a la verdad'. Primero, 'se omitió consignar lo realmente acaecido en el seno de estos encuentros, toda vez que nada se dijo respecto de la presencia en el lugar del director encargado de la DNE para la época de los hechos, y menos aún de su actuar, teniendo en cuenta que fue Gonzalo Martín Gutiérrez Díaz-Granados, la persona encargada de presentar las diferentes propuestas de inversión, direccionando la elección hacia Fiduagraria'. Segundo, nunca fue extendida, como se escribió en un acta, la calificación triple AAA por parte de la sociedad calificadora BRC Investor Services S.A. al Consorcio Bogotá Fusa. Y en el acta 091 del 10 de Octubre de 2006, 'se autorizó la entrega de los TES, faltando allí también a la verdad en la medida en que en la reunión intervino Mauricio Pretelt, sin que ostentara cargo alguno en la DNE, pero quien asumió como supuesto asesor financiero de la administración entrante a cargo de Carlos Salvador Albornoz Guerrero'.
