BOGOTÁ. Los líos del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, no cesan. Tras el estallido del escándalo del supuesto soborno de Fidupetrol, y las informaciones de que varios predios suyos son reclamados por víctimas de las AUC, varios medios de comunicación lo vinculan ahora con maniobras para frenar la pretensión de la Alcaldía de Santa Marta de recuperar la recaudación de los impuestos.
Estos hechos se remontan a 2012 cuando el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, expidió una resolución para finiquitar el contrato con la concesionaria Recaudaciones y Tributos, cuyo socio mayoritario es la multinacional española Inassa.
R&T presentó una tutela contra esa decisión y, por reparto, le correspondió al magistrado Pretelt.
Según dichas informaciones Pretelt inicialmente fallo a favor una tutela de R&T contra la resolución del alcalde Carlos Caicedo de 2012 en la que ponía fin al contrato con la concesionaria, cuyo accionista mayoritario es la firma española Inassa.
El contralor distrital de Santa Marta, Horacio Escobar, quien pidió en dos oportunidades destituir al alcalde de esa ciudad, Carlos Caicedo, es familiar del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, asesor jurídico de la concesión de recaudos tributarios R&T
Tras el escándalo que involucra al magistrado Jorge Pretelt por un presunto caso de corrupción salió ahora a flote su relación con otro caso en Santa Marta en el que habría frenado un lío jurídico entre la Alcaldía de la capital del Magdalena y la concesión tributaria R&T.
En este caso como en otros nuevamente queda al descubierto su vínculo con el exmagistrado Rodrigo Escobar, familiar del contralor distrital de Santa Marta, Horacio Escobar, que le solicitó a la Procuraduría la destitución del mandatario samario, Carlos Caicedo, quien había presentado la demanda de la citada concesión.
El contralor de Santa Marta, Horacio Escobar, emprendió una ofensiva en contra del alcalde, abriéndole varias investigaciones, mientras el burgomaestre se enfrentaba en un pleito contra R&T, representada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, el familiar del contralor y amigo de Pretel.
Jorge Pretelt inicialmente falló a favor de R&T y luego habría demorado el trámite posterior a la sentencia en contra de la empresa, lo que le significaron a esta ingresos por 20 mil millones de pesos.
R&T, de la que es dueña la multinacional española Inassa, es la concesionaria encargada del recaudo de los tributos en la capital del Magdalena desde 2002 y, como hay normas que señalan que esa función no se puede entregar a particulares, el alcalde Caicedo quería recuperar la soberanía tributaria y los recursos para inversión en la ciudad y en 2012 expidió una resolución para revisar si el acuerdo era legal.
La multinacional entonces contrató al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y este interpuso una tutela en contra de la decisión del mandatario samario. La juez de primera instancia afirmó que la Alcaldía no había respondido la tutela, pese a que el alcalde dice lo contrario, y falló el recurso de amparo a favor. La juez de segunda instancia, así mismo, dijo que la impugnación nunca llegó, lo que también desmiente la administración, y falló la acción constitucional a favor.
Tres meses después, y no enseguida, llegó el caso a la Corte Constitucional y le tocó por reparto a Pretelt. La sala falló a favor de la tutela, con dos votos por el sí, incluyendo el de Pretelt, y uno por el no, que fue el del magistrado Luis Ernesto Vargas. La Alcaldía pidió la nulidad y la Sala Plena de la Corte negó finalmente el recurso de amparo.
Pero Pretelt solo presentaría cinco meses después un proyecto, aprobado en octubre de 2014, para que hasta el mes pasado se pudiera hacer efectiva la sentencia. No obstante, todos estos meses en que se tardó el fallo le significaron a la empresa ingresos cercanos a los 20 mil millones de pesos.
Y cuando se conoció el escándalo de Fidupetrol, al parecer, se empezaron a desaparecer documentos del expediente de R&T y aparecieron tachones y cambio de numeración en los folios, como si aparentemente se quisiera ocultar el hecho de que Escobar había sido el apoderado de la concesionaria.
Al respecto, el burgomaestre le dijo a este diario la semana pasada que 'esa decisión del señor magistrado (Pretelt) iba en contravía de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional que amparaba a que las entidades territoriales de administración pudieran revisar los contratos o inclusive darlos por terminado'.
Y que, con el fallo, se permitió que durante dos años y medio la firma R&T tuviera ingresos tributarios cercanos a los 20 mil millones de pesos: 'nos demoramos más de dos años y medio en los que hubo que seguirle pagando a esta concesión un promedio de mil millones de pesos mensuales'.
Pretelt está en el ojo del huracán por haberle supuestamente pedido un soborno de 500 millones de pesos al abogado barranquillero Víctor Pacheco, para incidir en un fallo de tutela a favor de Fidupetrol, representada por el jurista de la capital atlanticense y asesorada, además, por el exmagistrado Escobar.
Las diferencias entre Caicedo y Escobar
Según el alcalde Carlos Caicedo, el enfrentamiento con Escobar data de un par de años antes al lío de la tutela de R&T, pues Escobar coordinó unas auditorías de la Contraloría del Magdalena en 2004 y 2005, cuando el contralor era Luis Sanjuán Perdomo, destituido y procesado penalmente. Por estas pesquisas, el hoy mandatario distrital pagó casa por cárcel hasta que en 2011 fue absuelto de todos los cargos.
Luego, el Concejo Distrital nombró contralor a Escobar, una vez que Caicedo fue elegido como alcalde. Y ahí sí siguió el enfrentamiento, con distintas acciones por parte del jefe del ente de control, que buscaban separar del cargo al mandatario: la primera vez acudió a la Procuraduría y en otras dos ocasiones le pidió al presidente Juan Manuel Santos que lo suspendiera.
