La canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, viajaron este lunes a la ciudad de Cúcuta, para conocer sobre el terreno la situación en la frontera con Venezuela, que está cerrada por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde el jueves pasado.
'Más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales', dijo la Defensoría del Pueblo.
El pasado jueves los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de las autoridades del vecino país tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que dejó tres uniformados y un civil heridos.
Luego del cierre de la frontera, el presidente Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, medida que entró en vigor el sábado, y cerró 'hasta nuevo aviso' todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, por su presunto uso por parte de contrabandistas y paramilitares.
El viernes pasado la canciller Holguín había manifestado que el cierre de la frontera colombo-venezolana era 'una decisión soberana'.
Entre tanto en las últimas horas la Defensoría gestionó albergue temporal para 180 ciudadanos que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria.
Según los registros oficiales, son más de 390 las personas que fueron obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Esequiel Zamora, al otro lado de la frontera, agrega la información.
Entre las personas expulsadas de Venezuela están 42 niños y adolescentes, mientras que otros 34 menores de edad debieron quedarse en el vecino país sin sus familiares, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados.
La Defensoría recibió el domingo 22 declaraciones formales de colombianos que denunciaron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana.
Un equipo del organismo defensor colombiano ya se encuentra en la zona fronteriza para fortalecer las tareas humanitarias y analizar las quejas presentadas.
Este hecho 'ha fracturado decenas de hogares y creado incertidumbre de los niños y adolescentes que permanecen en territorio venezolano y ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional', señala la Defensoría.
