Los negociadores de paz del Gobierno colombiano comparecieron este lunes en Bogotá para tratar de despejar las dudas que despierta el acuerdo con las Farc en materia de justicia, especialmente en lo referente a las consecuencias que puede tener para policías, militares y otros agentes del Estado.
'Nosotros no vamos a aceptar un escenario (...) donde aquí despachamos rápidamente a las Farc y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado o civiles, ese no va a ser el escenario', aseveró Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz.
Por su parte, Humberto de la Calle, jefe del equipo que negocia con las Farc en La Habana desde fines de 2012, subrayó en respuesta a otro de los interrogantes de la sociedad colombiana y también organismos de derechos humanos: este 'no es un acuerdo de impunidad'.
Jaramillo y de la Calle respondieron en un acto oficial a las dudas surgidas tras la euforia inicial por el acuerdo alcanzado el pasado miércoles sobre la justicia 'transicional' (de transición) que regirá tanto para guerrilleros como para agentes del Estado una vez que se logre el acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.
Penas equilibradas
Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle Lombana
El alto comisionado de paz aseguró que 'se trata de mirar los hechos más graves y significativos del conflicto y de manera equilibrada hacer justicia para todos'.
'Todo el que tenga responsabilidad y quiera obtener un resultado judicial debe someterse al sistema', señaló a su vez el jefe de los negociadores del Gobierno.
De la Calle subrayó que 'las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas', además de marcar diferencias 'porque las condiciones con las que cada quien ha actuado tienen que ser distintas'.
'Los colombianos reconocemos que, salvo excepciones, las Fuerzas Militares cumplían una función legítima. Por tanto las decisiones tienen que ser equilibradas y equitativas', agregó ante las críticas de sectores que dicen que no se puede equiparar a las fuerzas del Estado con guerrilleros.
Además, reiteró que este 'no es un acuerdo de impunidad' y subrayó que cumple con los estándares nacionales e internacionales, en referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
De la Calle recordó que las características de una pena corresponden a las decisiones soberanas de cada Estado.
