El Consejo de Estado suspendió ayer la resolución de Ministerio de Transporte, la que fijó base del avalúo vehicular para el año 2016.
La Sala unitaria de la Sección Cuarta, a cargo del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, emitió una medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión de la Resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015, por la que el Ministerio de Transporte estableció la base gravable del impuesto de vehículos para el año 2016.
Para tal decisión, el Consejo tomó como argumento la poca divulgación que tuvo el texto de la Resolución antes de ser emitida.
'La Sala unitaria deduce de la sola lectura de los considerandos de la Resolución 5358 no fue objeto de ninguna divulgación y publicidad al proyecto del texto', reza la providencia.
El Consejo, también argumentó que el Ministerio de Transporte no fue 'lo suficientemente claro y preciso en explicar y justificar los cambios del monto de la base gravable', cambios que, según el tribunal, se traducen en 'un aumento inesperado del valor del impuesto apagar'.
Según la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, la medida ha recaído en el proceso de nulidad interpuesto por la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares en contra de dicha Resolución 5358.
Esta medida es provisional y posteriormente el Ministerio de Transporte podría presentar argumentos en favor de la legalidad del acto.
Reacción. A través de un comunicado el Ministerio de Transporte respondió a la decisión del Consejo, donde manifiestan su disposición de acatar lo resuelto por el Alto Tribunal.
'Tal como se dio a conocer la semana pasada, el Ministerio de Transporte adoptará mediante resolución las nuevas bases gravables para el 2016, teniendo en cuenta las disposiciones del mercado y conformes con el mandato de Ley. En esta resolución se incorporan y quedan recogidas las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, los gremios del sector automotriz, las Gobernaciones y las Secretarías de Hacienda Departamentales y del Distrito Capital (Bogotá)', expone el comunicado.
Precisamente, en días pasados, la ministra de Transporte, Natalia Abello, explicó que la Resolución recoge la necesidad de desagregar los vehículos por sus especificaciones y valor comercial, pues solamente se venía trabajando con 3 mil líneas que no permitían que el pago del impuesto fuera técnico.
Intervino en la demanda. El pasado 11 de febrero el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado informó que el Ministerio Público participó en la demanda de nulidad que fue presentada ante el Consejo de Estado contra la resolución del Ministerio de Transporte.
Según Ordóñez, la Procuraduría solicitó a mintrasporte un 'ajustes de manera oportuna a la resolución, dentro del cumplimiento de las disposiciones legales, ante posibles falencias tales como el no encontrarse el avalúo de los vehículos para el año 2016, que algunos vehículos no se encuentran dentro de la resolución y que está sobrestimado el valor de algunos de ellos frente al valor comercial'.
