La Defensoría del Pueblo envió hoy dos comisiones a la región del Catatumbo para que recopilen información sobre el paradero de la periodista española Salud Hernández, ausente desde el sábado pasado, y para prestar ayuda en caso de que haya sido secuestrada.
'Tenemos nuestros dos equipos en búsqueda de ayuda humanitaria en caso de que sea requerida, pero no tenemos información concreta de si (Hernández) fue secuestrada o no', dijo a medios el defensor del pueblo, Alfonso Cajiao.
En ese sentido, el presidente Juan Manuel Santos manifestó hoy durante un acto de la Policía Nacional que las autoridades no tienen información, ni nadie ha reclamado, que la periodista, corresponsal del diario español El Mundo, haya sido secuestrada.
Los dos equipos estarán en los municipios de Tibú y La Tarra, una remota localidad del departamento de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, donde la periodista fue vista por última vez la tarde del sábado.
Roberto Pombo, director de El Tiempo, diario del que Hernández es columnista, dijo a Efe que la española viajó a la región del Catatumbo a realizar un trabajo periodístico sobre la desaparición de dos niños campesinos, y que además tenía interés en hacer un trabajo sobre los cultivos ilícitos en esa zona del país.
Por otra parte, la Defensoría aseguró que emitió cuatro informes de advertencia para la región en los que muestra el panorama de confrontación y vulnerabilidad de los derechos humanos en cinco de los once municipios de la región.
El Catatumbo es una región selvática donde operan el ELN, las Farc, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos de narcotraficantes y bandas criminales herederas de los paramilitares.
'Desde hace cerca de dos años, la Defensoría viene dando informes de riesgo en la zona y la situación no ha cambiado. Preocupante resulta que ante el cese unilateral de fuego anunciado por las FARC, el ELN y el EPL hayan ocupado estos espacios', aseguró Cajiao.
Esas guerrillas 'ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades' mediante amenazas, reclutamiento de niños, retenciones y uso de explosivos, entre otros, agregó la información.
