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La estatal Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) tiene la preparación y experiencia necesarias para ser un instrumento de construcción de paz en el país, afectado por un conflicto armado que supera el medio siglo, dijo hoy su director, Joshua Mitrotti.

'Creo que la agencia hoy tiene una preparación fuerte para poder realmente ser un instrumento de construcción de paz, de reconciliación y de oportunidades para que las FARC, en paz, puedan incidir en la política y la democracia colombiana', dijo Mitrotti.

El funcionario presentó en la ciudad de Cali una rendición de cuentas de la labor desempeñada por este organismo, y de su rol de cara a un posible posconflicto de concretarse la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Creada en 2001 y adscrita a la Presidencia, la ACR es, en compañía de otras entidades públicas y privada, la encargada de coordinar, asesorar y ejecutar políticas para la reintegración de las personas que dejen las armas.

El funcionario destacó que la ARC completa 13 años generando oportunidades para los excombatientes e impulsando su reintegración sostenible.

'Tenemos todas las lecciones aprendidas atendiendo población con condiciones muy parecidas a las personas que vamos a recibir', añadió, al referirse a los posibles desmovilizados de las FARC, y explicó que además han desarrollado programas piloto con unas 600 personas.

El Gobierno colombiano y las FARC negocian en Cuba desde hace noviembre de 2012 un acuerdo que les permita firmar la paz, que se espera se logre este año.

Según cifras de la ACR, en los últimos 13 años se han desmovilizado en Colombia 59.000 combatientes de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares.

De ese total, 49.000 ingresaron al proceso de reintegración que desarrolla la ACR, explicó el directivo, y señaló que 13.354 participantes 'ya culminaron exitosamente su proceso y hoy ejercen autónomamente su ciudadanía en la legalidad'.

Indicó que la ACR acompañó en su proceso de reintegración a más de 22.000 personas y que de ellos, 'el 70 % adelantó su ruta a la legalidad sin recibir beneficios económicos'.