La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del ICBF, Cristina Plazas y los exgobernadores guajiros, José María Ballesteros y Oneida Pinto, entre otros funcionarios, por las muertes de los niños guajiros por causas asociadas a la desnutrición.
También serán investigados el viceministro de Salud, Fernando Ruiz; el exdirector del ICBF, Marco Aurelio Zuluaga; el exdirector regional del ICBF de La Guajira, Leandro Alberto Sampayo; el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Fernando Mustafá; el exalcalde de Ríohacha, Rafael Ricardo Ceballos y el exalcalde de Uribia, Abel Giacometto.
Para el Ministerio Público, las medidas que ha tomado el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, han sido ineficaces para paliar el grave drama humanitario que se padece en la península.
Además señala el ente de control que la entrega de ayudas humanitarias a La Guajira está plagada de anomalías en los contratos, interventorías y en el proceso de selección de oferentes, y esto ha redundado en la profundización de la crisis alimentaria y de salud de los niños guajiros.
De acuerdo a lo que reveló la emisora Caracol Radio, el organismo de control disciplinario intentará determinar si en los funcionarios mencionados recae alguna responsabilidad por las muertes de los infantes en Riohacha, Uribia y Manaure.
Se nutrirá la pesquisa disciplinaria de las averiguaciones que han llevado a cabo la Contraloría en términos fiscales y la Fiscalía en materia penal.
El Ministerio Público pondrá la lupa sobre si los oferentes se escogieron de manera centralizada en la oficina de la directora de Primera Infancia del ICBF, Karen Abudibe Abuchaibe.
Finalmente, en el proceso se analizará si la entidad rectora de las políticas públicas de infancia, el Gobierno Nacional y los entes territoriales han dado cumplimiento al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que a finales del año pasado ordenó una serie de acciones en favor de los menores guajiros.
