La comisión de seguimiento y monitoreo de la Ley de Víctimas, integrada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y algunos representantes de las víctimas, emitieron un informe en el que advierten la existencia de 'fallas en su implementación, desfinanciación de los planes y programas que la puedan implementar y mínimos avances de la política de atención y reparación', a más de ocho millones de personas afectadas por el conflicto interno en el país.
Al realizar el balance del último año, la Comisión señaló que pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, 'la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas'.
Según el informe, en el ámbito urbano, el Ministerio del Trabajo, tiene la competencia de generar programas de emprendimiento y formación para el trabajo, pero 'la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91%'.
En cuanto a la generación de ingresos en el ámbito rural, el ministerio de Agricultura es el responsable de formular y ejecutar programas para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la población desplazada en estas zonas, pero destaca el informe que la cartera, 'cuenta con tres estrategias de intervención que no corresponden a programas específicos para las víctimas, por lo tanto sus requisitos de acceso no permiten su vinculación'.
Evitar desplazamientos. La Comisión identificó 'dificultades' coordinación entre las carteras ministeriales para lograr la articulación y coordinación de la política de generación de ingresos y empleo. 'El objetivo de esta Ley, que cumple cinco años de ser implementada, no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades', aseveró la Contraloría en un comunicado.
El documento señaló con respecto al avance en la restitución de tierras, que 'no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de postfallo, a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales', por ello que el informe precisa que no hay una 'adecuación de política pública' que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución.
En cuanto a la protección de las víctimas, la Comisión asegura 'que las medidas no han tenido el impacto esperado', de tal forma que 'se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal' de las personas que participan en los procesos de reparación y restitución de tierras.
El informe es enfático en afirmar, 'que las entidades territoriales todavía no muestran un compromiso serio con las víctimas' por lo que hicieron un llamado 'al cumplimiento de sus obligaciones legales y así impulsar los cambios sociales que en materia de víctimas requiere el país'.
Presupuesto para víctimas está garantizado: Cárdenas
El Ministerio de Hacienda elevará en un 6,4 % los recursos que destinará en el presupuesto general de 2017 para la atención integral de las víctimas en el posconflicto, así lo dio a conocer el titular de la cartera, Mauricio Cárdenas.
'Hay $12 billones que están presupuestados para el 2017 para las víctimas del conflicto', aseguró Cárdenas ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso.
De ese total $3,8 billones se destinarán en inversión, $4,1 billones a la educación de las víctimas y sus familias; $2,6 billones a la salud y $700.000 millones para la reparación, entre otros, señaló el funcionario.
Explicó Cárdenas que se trata de un aporte significativo al posconflicto, garantizado en el Presupuesto General, en línea con el Marco Fiscal de Mediano plazo y con la Regla Fiscal.
El Ministro reiteró la importancia de ejecutar adecuadamente los recursos destinados a este reto que tiene el país.
'Hay que asegurarnos que funcione muy bien la identificación de víctimas y que puedan ser reparadas plenamente', concluyó.
contraloría
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón anunció que se realizarán auditorías de carácter especial y en tiempo real para enfrentar las mafias que se han organizado, a lo largo y ancho del país, para que algunas víctimas del conflicto reciban hasta tres indemnizaciones (reparación administrativa y por la vías de tutela y judicial).
