El Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley para 'mejorar las condiciones de la población carcelaria' en el país. Se trata de otorgar más acceso a permisos, a prisión domiciliaria y mejorar el sistema de salud y el cumplimiento de la pena de los presos en situación de discapacidad, así como madres y padres cabezas de hogar.
La iniciativa, de 179 páginas y radicada en el Legislativo el pasado 20 de septiembre, planteada por el ministro Jorge Londoño y el representante del Polo Democrático, Víctor Correa, busca que se hagan 59 cambios en la ley que rige desde 2014 la situación carcelaria en el país.
Uno de los puntos claves es otorgar más acceso a permiso de salidas de 72 horas, al pago de penas en la casa por cárcel y la suspensión de la condena con el cumplimiento de requisitos, con el fin de reducir las cifras de sobrepoblación carcelaria, que asciende al 53 por ciento, y que hace que la situación de las cárceles colombianas sea cada vez más insostenible e indigna.
No obstante, se lee en el documento que 'la propuesta no puede interpretarse como una forma de permitir la libertad a personas peligrosas para la comunidad o que requieren de un tratamiento penitenciario', pues se trata de beneficiar a quienes hayan cometido delitos como extorsiones, secuestros, hurtos agravados, concierto para delinquir agravado, acoso sexual, inducción a la prostitución, tráfico de migrantes, porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, entre otros.
No procederán estos beneficios, por ejemplo, para los delitos que atentan contra la libertad y la formación sexual, la vida e integridad personal de niños y adolescentes, y otros que tienen que ver con graves afectaciones a los derechos humanos, como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada, entre otros.
Y para recibir las prendas, los reos deberán haber pagado un buen porcentaje de la pena y haber estudiado y trabajado en el penitenciario en el que estén recluidos.
También se propone que se les suspenda la pena a las mujeres que han sido condenadas por primera vez por delitos de drogas, pues al menos la mitad de la población femenina encarcelada lo está por este punible. Este beneficio también se aplicaría a personas con enfermedades graves o hábitos especiales, padres o madres solteros o aultos mayores de 60 años.
