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Un nuevo capítulo sobre los denominados carteles empresariales develó ayer la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta oportunidad, el organismo de vigilancia descubrió las maniobras aparentemente irregulares de cuatro empresas del sector del cloro y la soda cáustica.

En el primer caso, la Superintendencia descubrió que las empresas Brinsa y Quimpac de Colombia habrían participado en un acuerdo, presuntamente irregular, relacionado con el mercado del cloro en el país, y con ello habrían incurrido en la figura de la cartelización empresarial.

Según develó el organismo de vigilancia, Brinsa y Quimpac habrían acordado la repartición de sus clientes directos, principalmente los operadores de acueductos de distintos municipios del país.

Para lograr ese propósito, las empresas concertaban previamente cuál de ellas tendría a su cargo atender un cliente determinado.

Según la investigación del organismo de vigilancia, 'con el fin de materializar la repartición, en el marco de los procesos de contratación que organizaban los compradores del producto, la empresa favorecida con la asignación del cliente presentaba una oferta determinada, normalmente cercana al tope máximo que el cliente estaba dispuesto a pagar en cada negociación'.

Mientras que la otra empresa, para garantizar que la primera ganara, presentaba una oferta incluso mayor, llegando en ocasiones a superar el presupuesto oficial previsto por el cliente', reveló el organismo.

En ese sentido, la dinámica descrita ocasionaba que los clientes que requerían este producto pagaran un precio más elevado que aquel que podían pagar en el mercado.

'Cada una de estas compañías cuenta con una planta ubicada geográficamente así: la planta de Quimpac se encuentra ubicada en Palmira (Valle del Cauca) y la planta de Brinsa está ubicada en Cajicá (Cundinamarca). Estas dos plantas abastecen la totalidad del mercado nacional de cloro líquido, ácido clorhídrico y mayoritariamente el mercado de hipoclorito de sodio', reveló la Superindustria.

Sobre este nuevo capítulo de presunta cartelización empresarial, el superintendente, Andrés Barreto, aclaró que 'es importante reconocer que en esta etapa preliminar la Delegatura para la Protección de la Competencia se ha concentrado en identificar la posible conducta anticompetitiva que se está llevando en ese eslabón de la cadena en particular'.