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El Ministerio de Salud presentó una nueva política para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, cuya base son 12 líneas de acción.

Según el ministro Juan Pablo Uribe, 'la política, que busca mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, familias y comunidades, se desarrollará a través de cinco ejes que contienen 12 líneas de acción; se destacan el fortalecimiento de las tareas para prevenir el consumo en todos los ciclos de vida de las personas y en todos sus entornos o niveles sociales, terapias sustitutas, la creación de redes de asistencia en salud pagadas por el sistema y trabajos integrales de rehabilitación e inclusión social'.

El alto funcionario señaló que los ciudadanos y entidades podrán hacer seguimiento y evaluar permanentemente el cumplimiento de los objetivos planeados en la política, para lo cual se dispondrá de herramientas concretas y acceso permanente a la información.

'Para la ejecución de la política y su articulación intersectorial se está desarrollando un documento Conpes con el Departamento Nacional de Planeación, que define recursos, acciones e intervenciones de las diferentes entidades que participarán en la implementación de la misma', explicó Uribe.

Sostuvo que 'la política tiene como principios rectores el desarrollo humano, la vida digna, la inclusión, la no discriminación y la integralidad, es decir, que cubre desde tareas de promoción y prevención del consumo de estas sustancias, hasta el tratamiento completo de las personas y comunidades en riesgo o afectadas, siembre bajo la voluntariedad de las mismas'.

Según el más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Colombia pasó de ser un país productor de sustancias psicoactivas a uno consumidor.

Por ejemplo, las más usadas fueron el alcohol (58,7%) y el tabaco (16,2%), con prevalencias más bajas de marihuana (3,3%) y cocaína (0,7%).

'Es un fenómeno complejo y como tal, el Gobierno nacional lo asume como una prioridad; por ello esta política que hoy lanzamos enfoca el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y a las personas y comunidades en riesgo o afectadas, como sujetos con derechos que necesitan desarrollarse en sus entornos', aseguró el ministro Uribe Restrepo.