Cada tres días son agredidos ocho defensores de derechos humanos en Colombia, según un informe que comprende el primer trimestre de 2019 divulgado ayer por una red de ONG, que alertó sobre el aumento de riesgos para quienes ejercen esta actividad. El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios de 2017.
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90 % de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9 % contra mujeres y el 1 % contra miembros de la comunidad Lgbti.
'Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia', destaca el informe.
Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).
De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y 7 dirigentes sindicales.
También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno Lgbti.
'Al igual que en años anteriores, son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2 %', subraya la información.
Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las Farc (8 %); otros 9 fueron asesinados por la guerrilla del Eln (5 %), y 7 por la fuerza pública (5 %).
'Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios', detalló el informe.
Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre 'amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos'.
Eso supuso un crecimiento del 43,7 % con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en 'el año con más ataques registrados por este sistema de información'.
Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que 'el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización' de la guerrilla de las Farc tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que 'las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva'.
Cinco países suramericanos reclaman a la CIDH que respete su autonomía
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados.
Según informó ayer la Cancillería chilena, los representantes de esos cinco países suramericanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) le entregaron el 11 de marzo pasado una nota al secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
En la misiva, expresan las inquietudes de los Estados por el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos y formulan recomendaciones a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para mejorar su actividad.
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile subrayaron la 'importancia crítica' del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano, indicó la Cancillería chilena. Este principio, señaló la nota enviada a Abrão, exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región 'sin invadir las esferas de competencia de cada uno'.
