La Justicia Especial para la Paz (JEP) inició este viernes una audiencia pública en la que definirá la continuidad o no en ese alto tribunal de Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', uno de los más sanguinarios líderes de la antigua guerrilla de las Farc.
'Me permito instalar esta audiencia', dijo la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, al iniciar la diligencia que se desarrolla en la sede del tribunal en Bogotá.
La audiencia se realiza porque Velásquez no atendió las citaciones de la JEP en las que se le pedía información sobre las actividades realizadas cuando era guerrillero y las acciones de reincorporación que realizó en la zona veredal a la que fue trasladado.
Las autoridades y el propio partido FARC dicen desconocer el paradero de Velásquez, quien hasta agosto pasado lideraba en el caserío de Miravalle, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento Caquetá (suroeste), la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros de la antigua columna Teófilo Forero que él encabezó.
En la diligencia de hoy la Procuraduría y la defensa presentarán públicamente sus alegatos a la Sala de Reconocimiento.
También podrán intervenir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Al final de la diligencia se tomará una decisión, que puede implicar diversos niveles de pérdida de beneficios jurídicos a 'El Paisa' previstos en el Sistema Integral, el más grave de los cuales podría ser su expulsión de la JEP.
Además de no rendir informes sobre sus actividades, Velásquez es uno de los 31 exjefes guerrilleros citados en octubre pasado por la JEP dentro del proceso conocido como el Caso 001, basado en el informe presentado por la Fiscalía colombiana denominado 'Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP'.
La comparecencia de los implicados es obligatoria y además se exige que digan la 'verdad plena' sobre su participación directa o no en la planeación y ejecución de los hechos y conductas relatados en los informes del Caso 001.
La JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, y se encargará de juzgar los actos cometidos en ocasión del conflicto armado del país.
Si 'El Paisa' es expulsado de la justicia transicional, la JEP pedirá su captura y deberá responder por sus delitos ante la justicia ordinaria en donde tiene seis órdenes de captura por investigaciones que estaban en la Fiscalía.
Además, quedarían en firme las 26 condenas en su contra con penas de más de 30 años de cárcel por delitos como secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y homicidio, entre otros.
La JEP le abrió, el pasado 25 de octubre, un 'incidente de verificación' a Velásquez para determinar su cumplimiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En agosto pasado el alto tribunal ya había abierto un 'proceso de desacato' contra Velásquez ya que fue el único de los 31 excomandantes de la antigua guerrilla que no entregó informes sobre las actividades que estaba realizando para contribuir al esclarecimiento de los secuestros cometidos por las Farc.
La columna móvil Teófilo Forero que dirigió 'El Paisa' era una de las más sanguinarias de las Farc y se le atribuyen ataques como el asesinato el 29 de diciembre del 2000 del congresista Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más en una emboscada en una carretera del sureño departamento del Caquetá.
Es responsable también del secuestro en abril de 2002 de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca, 11 de los cuales fueron asesinados en cautiverio cinco años después.
Igualmente, del atentado contra el club El Nogal, de Bogotá, en febrero de 2003, que le costó la vida a 36 personas y dejó heridas a más de 200, así como una cadena de ataques con decenas de muertos y heridos principalmente en el sur del país.
Finalmente, las autoridades señalan a la Teófilo Forero como responsable del asesinato el 27 de febrero de 2006 de nueve concejales que estaban reunidos en un restaurante del municipio huilense de Rivera, en el suroeste del país.
