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La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro, por hechos relacionados a su paso por la alcaldía de Bogotá, esto se remonta al periodo comprendido entre los años 2011-2015.

El exalcalde habría firmado un decreto donde avalaba la reducción de tarifas en el Sistemas Integrado de Transporte Público SITP para la población vulnerable, pero según la denuncia, el exalcalde de la capital habría firmado aún sin tener la facultad para hacerlo.

Por estos hechos, el líder de izquierda, había sido sancionado por la Contraloría Distrital en la vía administrativa, pero Petro había demandado la decisión. Ahora, a través de una denuncia, el proceso aterrizó en lo penal y, como el congresista cuenta con fuero constitucional, será investigado por la Corte Suprema y no por la Fiscalía.

Desde el 2016 se conoció públicamente que la ciudad perdió millonarias sumas, con el decreto que avalaba 'horas pico y horas vale' con unos descuentos de $350 y 50 pesos respectivamente.

Por esto, la contraloría Distrital, puso en la mira la decisión, por considerar que era un subsidio ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que avalara la medida.

Finalmente en el 2016 la contraloría lo condenó y obligó a pagar $217 mil millones de pesos, le embargó sus cuentas y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta que pagara la deuda. Sin embargo, el Petro demandó la decisión y ninguna de las demandas quedó en firme por lo que pudo inscribirse en las elecciones presidenciales 2018 sin problema.