La representante de la bancada de los Decentes en el Congreso de la República, María José Pizarro, denunció que Leyner Palacios, líder social de Bojayá, recibió una llamada telefónica intimidatoria en la que recibió amenazas contra su vida y le daban unas horas para salir del departamento del Choco.
Explicó que las amenazas también llegaron contra la familia de Palacios, quienes viven en ese municipio. 'Ya tenían la información de todos los familiares y la gravedad es que no es una amenaza en su contra, sino, contra toda su familia', aseguró Pizarro.
Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá ocurrida en mayo de 2002 y secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), se reunió con el ministro del Interior encargado, Daniel Palacios, el general Jorge Luis Vargas, director de seguridad ciudadana, el subdirector de protección de la UNP y el gobernador del Chocó, quienes le prometieron mejorar su seguridad.
'Le hemos dado la tranquilidad de que el Gobierno nacional le dará todas las medidas de seguridad para que pueda seguir ejerciendo esa labor tan importante en Bojayá y en el departamento del Chocó', aseguró Daniel Palacios.
El Gobierno informó que habrá presencia permanente del Ejército en el territorio y un equipamiento por un valor de 200 millones del puesto de salud en la vereda de Pogue.
Por su parte, el comandante de la Séptima División informó que durante el Consejo de Seguridad, que se adelantó luego de las denuncias por presencia de grupos al margen de la ley, decidieron las siguientes líneas de acción:
Aumentar la presencia de las tropas en la cabecera municipal de Bojayá, establecer controles permanentes en los caseríos de Corazón de Jesús, Lomas de Bojayá, Piedra Candela y Pogue, adelantar operaciones en el área general del río Cuía para neutralizar los corredores de narcotráfico que son disputados por los mencionados grupos ilegales.
