Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos que denuncian abusos del sector empresarial, revela un informe divulgado este lunes según el cual 72 de ellos fueron asesinados entre 2015 y octubre de 2019.
El estudio del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala además que 181 defensores sufrieron atentados y que el 76 % de estos casos se produjo en zonas con alta inversión industrial.
'Las acciones específicas en las zonas rurales y para personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente no han sido eficaces, y el riesgo sigue siendo demasiado alto para los defensores', indica el informe.
El análisis, que evaluó el papel de las empresas en la violación de derechos humanos detalla que la mayoría de los 181 atentados ocurrió en 2017 y 2018, y suponen un aumento significativo desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.
Zonas rurales, las más afectadas
Según el informe, el riesgo es mayor para aquellos defensores que tratan de prevenir o exponer los abusos de las empresas dedicadas a minería, ganadería, agricultura, combustibles fósiles e hidroeléctricas, ya que el 90 % de los ataques están relacionados con esos sectores.
'Es muy preocupante la situación en las zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas requieren modelos de protección más eficaces', indicó el informe.
Destacó además que las zonas en las que se cometen estos ataques son principalmente regiones con instituciones estatales civiles débiles, en las que hay actores armados y economías ilegales, así como disputas por tierras relacionadas con proyectos empresariales.
Entre los ataques sistemáticos de los que son víctimas los defensores se encuentran las amenazas de muerte contra ellos y sus familias, asesinatos, atentados físicos e intimidaciones.
'La mayoría de los defensores de derechos humanos que fueron atacados eran dirigentes y miembros de las comunidades afectadas, sindicalistas y personas afrocolombianas e indígenas', señaló el informe.
Las empresas no son siempre las responsables
Aunque el estudio aclaró que las empresas no son siempre las responsables de los ataques, destacó que los defensores son víctimas por denunciar las actividades que estas realizan.
'Se cree que la mayoría de estos ataques son llevados a cabo por actores que no están directamente vinculados a las empresas', explicó.
Por esa razón, el estudio exhortó a las compañías a trabajar para prevenir los ataques contra los críticos de las industrias en el país y, aunque resaltó los esfuerzos de las autoridades para proteger a los defensores de derechos humanos, advirtió que mientras las políticas y del Gobierno den prioridad a las empresas antes que a los defensores, los ataques continuarán.
Esfuerzos insuficientes
En 2011 el Gobierno colombiano creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, para proteger a líderes y defensores, pero esta entidad se ha visto desbordada por el aumento de las amenazas y el estado crítico de estos casos en la justicia.
'El Estado colombiano ha tomado algunas medidas importantes para hacer frente a esta situación, pero hasta ahora no ha logrado superar los crecientes ataques contra defensores de derechos humanos que plantean preocupaciones sobre las operaciones comerciales', indicó el estudio.
En la misma línea del informe, la Defensoría del Pueblo señaló que la proliferación de normas no se ha traducido en mayores niveles de compromiso por parte de las autoridades y, por el contrario, dispersa las responsabilidades del Estado de proteger los derechos fundamentales de los líderes comunitarios.
'Colombia debe actuar con decisión para proteger a los defensores de derechos humanos que plantean sus denuncias sobre la conducta de las empresas, y a las comunidades rurales a menudo marginadas que representan', destacó el informe.
Recomendaciones al Estado
El estudio hizo varias recomendaciones al país para que se establezca un enfoque de cero tolerancia respecto a represalias y ataques contra los defensores de derechos humanos, tales como implementar procedimientos de prevención y respetar las consultas populares de las comunidades étnicas.
A la Defensoría del Pueblo le pidió incorporar la dimensión empresarial en el monitoreo y alerta sobre ataques a los defensores, y a la Fiscalía General profundizar la investigación de los ataques más allá de la identificación de los actores materiales para establecer la responsabilidad directa e indirecta de las empresas posiblemente relacionadas.
Igualmente exhortó a la UNP a que reconozca las necesidades de los defensores basados en enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales, y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos pidió promover la incorporación efectiva de las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
