Los colombianos cumplen este lunes dos meses de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno para tratar de frenar el avance del coronavirus que, sin embargo, deja 21.175 contagios y 727 muertos, y ha puesto en evidencia el hambre y la precariedad de la salud y la educación en el país.
En estos 60 días las restricciones por la pandemia sacaron a flote la pobreza en la que viven muchos de los 48,2 millones de habitantes que tiene Colombia, de ahí que los trapos rojos colgados en ventanas de numerosas barriadas para alertar de que en las viviendas no hay nada que comer se convirtieron en un símbolo de la crisis.
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Ante la avalancha de pedidos de auxilio, que aumentaron dramáticamente por el cierre temporal o la quiebra de empresas de todos los tamaños, el Gobierno se vio desde el 25 de marzo en la urgente necesidad de repartir víveres y subsidios, mientras numerosas empresas, ciudadanos y ONGs contribuyen con ayudas.
Ayudas contra el hambre
Por medio del Departamento de Prosperidad Social, 1,4 millones de hogares pobres inscritos en el programa Familias en Acción recibieron aportes que superan los 382.000 millones de pesos (unos 101 millones de dólares), cifra que sin embargo se queda corta ante al tamaño de la necesidad.
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De estos recursos se han beneficiado a la fecha 4,3 millones de niños y adolescentes; 126.883 hogares localizados en 60 comunidades indígenas; 138.628 familias afrodescendientes y 875.159 familias cuyos miembros han sido víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, según un balance de la Presidencia divulgado hoy.
Asimismo, mediante el programa Jóvenes en Acción, que apoya a los más pobres y vulnerables con transferencias monetarias para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, 158.000 de ellos han recibido aportes por 110.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).
El Ministerio del Interior ha repartido además 622.931 paquetes de víveres en 23 de los 32 departamentos colombianos, principalmente a comunidades indígenas y negras, y las Alcaldías también han hecho su parte.
Agua y salud
La pandemia enfrentó también a muchas regiones colombianas a un problema cuya solución se ha aplazado por décadas: La falta de agua potable, elemento esencial para mantener la higiene y evitar contagios.
Para garantizar que los colombianos puedan seguir las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno ha enviado camiones cisterna a distintas regiones y ordenó reconectar el servicio de agua potable a un millón de personas que lo tenían cortado por falta de pago.
El sistema de salud, precario o deficiente en buena parte del país, es desde el inicio de la pandemia el centro de una estrategia que busca ampliar la capacidad hospitalaria, con énfasis en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
En ese campo destaca la adquisición de 2.700 respiradores mecánicos que permiten transformar unidades de cuidado intermedio y ampliar a 5.150 las UCI disponibles.
De igual manera, se fueron montados hospitales de campaña en centros de exposiciones y coliseos de distintas ciudades para atender patologías diferentes a la COVID-19, con el fin de reservar los hospitales para los pacientes de coronavirus.
Tropiezos en educación virtual
Otra dificultad que emergió con la cuarentena fue la de la educación virtual ante la suspensión de clases presenciales en colegios y universidades, porque miles de estudiantes carecen de equipos o de conexiones de internet con la capacidad mínima requerida.
Para evitar la parálisis académica el Gobierno puso a disposición 83.345 computadores cargados con contenidos para estudiantes y docentes e instituyó una programación educativa audiovisual en alianza con el Sistema de Radio y Televisión Pública (RTVC).
Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) convirtió sus centros de formación en salas de producción en donde ya se han elaborado, entre otros artículos vitales para enfrentar el coronavirus, tres prototipos de respiradores mecánicos.
La cuarentena, que tenía una duración inicial de 14 días, ha sido prolongada varias veces por el presidente colombiano, Iván Duque, y la previsión es que concluya el 31 de mayo, pero el país seguirá en emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto.